Autonomía, esencial para lograr el desarrollo pleno de los países: Expertos

*Varios rectores y expertos en educación, incluidos algunos de la UdeC, participaron en el foro “La autonomía universitaria a la luz de la Tercera Conferencia Mundial de Educación Superior de la UNESCO”.

Recientemente, el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, Hugo Óscar Juri señaló que la autonomía de las universidades enfrenta varios peligros, entre ellos la transnacionalización de la educación, la tendencia a convertir las instituciones educativas en un bien comercial, la presencia de corporaciones de tecnologías de la información, así como el impacto de las redes sociales, entre otros.

En este sentido, dijo, “las universidades debemos seguir tendiendo redes de trabajo en todo Latinoamérica con una visión global, actuando de manera local y respondiendo al mandato de la sociedad que nos otorga legitimidad y relevancia en nuestros países”.

Óscar Juri participó en el foro “La autonomía universitaria a la luz de la tercera Conferencia Mundial de Educación Superior de UNESCO”, que organizaron la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y KAIRÓS. En este evento virtual, al que se conectaron académicos y funcionarios de la Universidad de Colima, estuvieron también líderes de universidades y del sector educativo en Iberoamérica como Jaime Valls Esponda; Federico Mayor, Francesc Pedró, Ana Lúcia Gazzola, Telémaco Talavera y Roberto Villers.

En su turno, el rector de la Universidad Federal do Rio Grande do Sul (Brasil), Rui Oppermann afirmó que “el carácter autónomo de las universidades y su financiación pública permiten cumplir con la misión de brindar educación superior como un bien público y social, así como cumplir con un derecho humano universal”.

Agregó que el acceso, el uso y democratización del conocimiento “es un bien social colectivo y estratégico, el cual es imprescindible para garantizar los derechos humanos básicos y esenciales para el bien vivir en nuestros pueblos, la construcción de una ciudadanía plena, para la emancipación social y la integración solidaria latinoamericana y caribeña”.

Aunque las universidades en América Latina y el Caribe producen profesionales de alta calidad, investigación fundamental para cada uno de sus países y cuentan con una participación estratégica en la sociedad, dijo por último, “enfrentan actualmente el reto de lograr una mayor inclusión y permanencia de los jóvenes en la educación superior. Ha habido avances en la inclusión, expresados en el aumento de la tasa bruta de la matrícula, pero las desigualdades históricas en la región resultan en una importante exclusión de los segmentos sociales más pobres”.

El secretario del Consejo Universitario Iberoamericano (CUIB), Félix García Lausín, en su participación, aseguró que la autonomía “es consustancial a las universidades y que no puede entenderse una institución de educación superior pública sin esta cualidad. Los derechos se ejercen en su defensa, en su ejercicio, y es muy importante que las universidades hagan uso cabal y responsable, pero uso, en definitiva, de la autonomía universitaria que es consustancial a ellas”.

Finalmente, el secretario del Consejo Superior Universitario Centroamericano, Carlos Alvarado Cerezo destacó que las universidades tienen como destino ser la conciencia pensante de la sociedad, lo cual las obliga a que asuman su quehacer tomando como eje la autonomía; “desde su autonomía, las universidades están llamadas a convertirse en los pilares del desarrollo, no sólo con la formación de una masa crítica, sino por el papel relevante que juegan en la sociedad desde la investigación y la extensión”.

Comentó por último, que los compromisos adquiridos por las universidades en la formación de las y los jóvenes, en relación a contar con una opción de educación superior de calidad, “deben estar respaldados por un recurso financiero suficiente así como por la convicción, por parte de los gobiernos, de que la única manera de lograr el desarrollo de un país es invertir en educación. Los estados deben garantizar el financiamiento público de la educación superior como un derecho constitucional”.