Tras ser suspendido el Plan B, el personal que trabaja en la junta local ejecutiva del INE en Colima se prepara para arbitrar los comicios federales del próximo año (que comprenden las votaciones a presidente de la república, senadores y diputados al Congreso de la Unión) y, además, coadyuvar con el órgano local en las tareas que antes eran del IEE y ahora, desde la reforma de 2012, corresponden al Instituto Nacional Electoral.

A saber: la mecánica para la instalación de casillas, el manejo del padrón y la lista nominal de electores, el proceso de insaculación y la capacitación de los funcionarios de casilla, así como la asesoría durante la jornada electoral a esos ciudadanos.

Lo harán ya sin “la amenaza” que suponía la aplicación de la reforma a leyes secundarias conocida como el Plan B, en términos de “desmantelar la estructura” del servicio profesional electoral y “afectar la operatividad” tanto de la junta local como de las dos juntas distritales que hay en el estado.

Integrantes del Círculo de Analistas Políticos conversaron con los vocales que conforman esta Junta Local del INE el jueves 13 de abril de 2023, y una primera conclusión de esa charla es que el Plan B no ha sido descartado: “Está latente”, reconoció la vocal ejecutiva Ana Margarita Torres Arreola.

REFORMA DE FONDO

Para entender el contexto en el que se da esta suspensión del proyecto de decreto que había sido aprobado por las dos cámaras del Congreso de la Unión, conviene resumir el proceso legislativo y judicial que se siguió para descartar lo que, según pensaban muchos mexicanos, iba a ser una gran reforma electoral.

En ‘La (ir)regularidad constitucional del Plan B electoral’ (publicada en Nexos el 10 de abril de 2023), Andrés Alcántara Silva hizo el recuento de esta batalla parlamentaria y jurídica:

El 6 de diciembre de 2022, ya sin mayoría calificada el oficialismo, la Cámara de Diputados rechazó la iniciativa del Ejecutivo para reformar varios artículos constitucionales: 35, 41, 54, 99 y 105 entre otros. La reforma sustituiría al INE por un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), eliminando de esta manera la duplicidad entre la estructura federal y la de los organismos públicos locales electorales (oples); por otra parte, los consejeros y magistrados electorales —“a pesar de no pertenecer a órganos de representación popular”— iban a ser elegidos por el voto directo de la ciudadanía; los 300 diputados federales que quedarían, ya no iban a ser elegidos por distritos sino mediante listas de partido; y se eliminarían los 32 senadores de lista nacional.

Y VINO EL PLAN B

Al fallar la reforma constitucional, el presidente López Obrador envió al Congreso su Plan B que, como reforma a leyes secundarias, sólo necesitaba de los votos de Morena y sus aliados. La aprobación se dividió en dos partes: la primera, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de diciembre de 2022, limita “el concepto de propaganda gubernamental y mediante una ficción de exclusión, permite que las personas servidoras públicas lleven a cabo actos de propaganda”; y la segunda parte fue publicada el 2 de marzo de 2023.

Aprobados por el legislativo, los efectos de la primera parte de la reforma fueron suspendidos el 20 de febrero para los procesos electorales de Coahuila y el estado de México por el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Alberto Pérez Dayán, quien concedió la suspensión en la acción de inconstitucionalidad 29/2023 al considerar que el Plan B “viola” el artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo de la carta magna —que prohíbe modificar reglas electorales 90 días antes del inicio del proceso que rijan—, y que “de no concederla se podrían generar daños irreparables en el sistema democrático”.

La segunda parte fue impugnada por diversos partidos, por el propio INE y hasta por Edmundo Jacobo Molina, que había sido removido de la Secretaría Ejecutiva del Instituto con motivo del décimo séptimo transitorio del decreto de 2 de marzo, “y logró obtener la suspensión —para ser restituido en el cargo— en el juicio que promovió contra la reforma”, resume Alcántara.

MUCHA VISIBILIDAD

Ya no lo menciona Andrés Alcántara, pero Jacobo renunció finalmente alegando que, la visibilidad adquirida en las últimas semanas, constituía un obstáculo para desempeñar con profesionalismo, discreción y eficacia las actividades propias del secretariado ejecutivo.

En la conferencia de prensa que Edmundo Jacobo dio el 28 de marzo acompañado por el entonces presidente del INE, Lorenzo Córdova, y los todavía consejeros Ciro Murayama, Adriana Favela y Roberto Ruiz (los cuatro concluirían su gestión el 3 de abril), rechazó que su dimisión obedeciera a las observaciones que hizo el contralor del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, Jesús Zamora, al ejercicio presupuestal del instituto en 2023. De hecho, acusó a éste de asumir un papel político y no técnico. Y explicó que si el IFE, en su momento, o el actual INE tiene 300 oficinas distritales con cinco vocales (y no con sólo dos como proponía el Plan B) es porque está en la norma aprobada por el legislador.

Finalmente, apunta Alcántara, el 24 de marzo el ministro Javier Laynez Potisek concedió la suspensión respecto de todo el decreto “para evitar la posible disminución de la capacidad operativa” del INE y salvaguardar el sistema democrático nacional. Como ponente en la controversia constitucional 261/2023 promovida por el órgano electoral contra la segunda parte del Plan B, estimó que “de no concederla se podrían generar daños irreparables en derechos humanos y en el funcionamiento del Instituto”.

ABOGADA ESPECIALIZADA

De entrar en vigor el Plan B, dicen los funcionarios del INE en Colima, se verían afectadas todas las atribuciones y la presencia territorial que le permitieron al órgano, por ejemplo, absorber la elección local extraordinaria en 2016.

Ninguno de los vocales y trabajadores del Instituto “están de adorno” y el proceso electoral “no es oneroso”, sostiene Torres Arreola. Mucho menos cuando hay varios aspectos de los comicios estatales que pasaron al ámbito federal, como es la fiscalización del gasto en las campañas para gobernador, ayuntamientos y Congreso local.

Los recortes presupuestales que suponía el Plan B “nos dejaban sin manos ni pies” para cumplir las obligaciones en materia de credencialización, actualización de la cartografía electoral, capacitación y atención a los casos de violaciones a los derechos políticos de los ciudadanos. Sin embargo, si la Corte finalmente decidiera dejarlo pasar “lo acataríamos”, señala Margarita Torres.

Con 22 años de experiencia en la materia electoral, Torres Arreola ganó el segundo certamen interno de ascenso 2023. Regresa a su estado natal tras ser nombrada, el 1 de abril, vocal ejecutiva de la Junta Local en Colima por el consejo general del INE.

Integrante del Servicio Profesional Electoral (SPE) desde 2008, cuando ganó por concurso público una plaza como vocal secretaria distrital en Jalisco, Margarita Torres fue designada en 2014 (también por concurso público) vocal secretaria del consejo local. Desempeñó ese cargo en los estados de Coahuila y Jalisco. Antes de ser nombrada vocal ejecutiva en Colima, fungió como encargada de despacho en ese mismo cargo en Jalisco. Y aquí se recuerda que, en sus inicios profesionales, fue secretaria general de acuerdos del Tribunal Electoral y directora jurídica del Instituto Electoral del Estado de Colima (IEE).

SERVICIO PROFESIONAL

El electoral es, junto con el diplomático, el magisterial o el judicial, un servicio civil de carrera que –ajeno a la protección de los sindicatos para los trabajadores del Estado– garantiza estabilidad laboral para sus miembros. También en las fuerzas armadas se puede hacer carrera, pero no es una estructura civil.

Dos de los vocales de la Junta Local, el de Organización, Gerardo Hernández Ochoa, y el del Registro Federal de Electores, Roberto Valles Méndez, han atestiguado las elecciones concurrentes en Colima por lo menos desde el proceso de 1997. Ellos dos y sus compañeros, el vocal secretario Salvador González Contreras y la vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Cecilia Maldonado Reyes, acompañaron a la vocal ejecutiva en su conversación con periodistas.

En este diálogo, Margarita Torres comentó que a los miembros del SPE se les pidió su opinión sobre la frustrada reforma constitucional y, luego, sobre la suspendida reforma a las leyes secundarias, en una consulta en la que muchos de ellos expresaron su preocupación porque la austeridad republicana terminaría afectando la operatividad del INE.

ESPERADA REFORMA

Es presumible que también a los funcionarios del INE les preocupen sus salarios y puestos de trabajo. La falta de sensibilidad para la democracia electoral atribuida a la 4T, responde en realidad a la visión que contribuyeron a fijar en amplios sectores de la sociedad todos los partidos que, en su momento, fueron oposición. Para no pocos ciudadanos, las elecciones en nuestro país son costosas por los muchos dispositivos de seguridad que se fueron implementando después de 1988 a fin de anular los mecanismos del fraude.

Sobra decir que a muchos nos parecía buena propuesta dar paso a una sola estructura que organice a nivel nacional las elecciones, plebiscitos, referendos y consultas, además de asesorar para la realización de procesos internos no sólo a los partidos sino a organizaciones gremiales, sindicales y de todo tipo que requiriesen apoyo técnico. También era buena idea tener una representación popular más proporcional: menos diputados y senadores, pero todos electos por los ciudadanos de un estado y no en demarcaciones, como son los distritos, que sólo existen en la geografía electoral.

Es decir, el escenario ideal era acabar con la duplicidad entre los órganos electorales federal y locales; suprimir a los tribunales electorales estatales, ya que sus resoluciones nunca son definitivas; dejar de elegir a los consejeros generales por cuota de partido, un vicio que se trasladó a los oples, pero que afortunadamente se rompió con el sistema de insaculaciones a partir de las ternas integradas por un comité técnico de evaluación; conservar una estructura laboral fija para las tareas permanentes y, en su caso, hacer contrataciones temporales en un año electoral.

PROTAGONISMO ARBITRAL

Al clamor por lograr una modernización y racionalización de los procesos electorales contribuyeron, con su activismo y parcialidad, consejeros tan protagónicos como Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, o Edmundo Jacobo como el secretario ejecutivo que nunca entendió que su cargo suponía discreción mediática, no discrecionalidad en el manejo de los recursos.

Con la premisa falsa que, ante la supuestamente inevitable derrota electoral del candidato presidencial de su partido, López Obrador intentaba apoderarse del INE para torcer la voluntad popular, un frente partidista, empresarial y mediático construyó una narrativa donde la democracia estaba en riesgo y era necesario defender a sus instituciones.

Pero la lógica de ese relato se cae ante la evidencia (presentada por todas las encuestadoras del país) de que el o la candidata de Morena que resulte ganará de calle las elecciones presidenciales. Eso no desalienta, por supuesto, al aparato propagandístico empeñado en mostrar al INE como un instrumento de la oposición.

CADENA DE CONFIANZA

Para escapar a la tentación de dejarse llevar por una ideología partidista o por el rencor hacia Morena y los otros partidos que trataron de cambiar las reglas del juego y afectar sus condiciones laborales, la membresía del SPE se conduce con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, competencia por mérito y, ahora también, equidad de género, sostiene Margarita Torres.

El diseño institucional impide que la preferencia política de los vocales contamine los resultados electorales. Ya por sí los consejos locales y distritales (en donde se sientan ciudadanos con voz y voto y representantes de partido con voz únicamente) son una instancia de vigilancia. Sin embargo, la ley es el principal candado. Y para aplicarla hay una autoridad jurisdiccional que “puede invalidar nuestros actos”.

Todo eso “impide que nuestra personal ideología contamine nuestros actos” como funcionarios. Sin olvidar que todo el proceso está blindado: “hay una cadena de confianza que impide un sesgo en los resultados”, dice la vocal ejecutiva refiriéndose a la custodia que el Ejército hace de la papelería electoral antes de los comicios y la vigilancia de los paquetes electorales después, la impresión de boletas en papel seguridad o la validación del padrón y la lista nominal.

Pero la mayor garantía de imparcialidad es “nuestra profesionalización en temas de cultura política”. Todo el SPR entró por mérito o ratificó su idoneidad después, en los casos que ingresaron antes de los concursos públicos (obligatorios aun cuando participen en una terna “exclusiva para mujeres”). Y, para la permanencia, “si en el programa de formación tenemos menos de 7 [de calificación] nos inician proceso de rescisión”.

El principio de equidad de género le interesa mucho a Torres Arreola, una de 11 mujeres que son vocales ejecutivos en el país. Todavía no llegan a la mitad, pero la estructura del INE ya se acerca a la paridad sustantiva. En 2008 sólo estaba la de Jalisco entre 32, y Margarita es la primera mujer en presidir la junta local de Colima.

LINEAMIENTO DE AUSTERIDAD

Camino al 2024, los servidores profesionales electorales entienden cuán importante es la credibilidad de su trabajo para avanzar en el camino de la democracia en México. “Antes de la creación del IFE, la certeza estaba en quién iba a ganar”; obviamente, el PRI de entonces. Cuando comenzó la alternancia, el desafío para el árbitro fue garantizar piso parejo en la competencia electoral. Luego vino la sospecha por el uso del algoritmo y la manipulación del programa de resultados electorales preeliminares (PREP) en 2006, o la tolerancia en 2012 ante gastos excesivos de campaña. Hoy, el problema del INE es la insuficiencia de recursos.

“Hubo un momento de incertidumbre” tras la embestida del Ejecutivo, pero “nos hemos cohesionado y concientizado que, como institución, no tenemos nada que esconder”. Además, en lo sondeos el INE obtiene “un 60 por ciento de aceptación ciudadana”.

Con la nueva consejera presidente, Guadalupe Taddei Zavala, “no hemos tenido oportunidad de dialogar, pero atenderemos su llamado al ahorro de recursos, señala Margarita Torres. “Cada año se aprueba un lineamiento de austeridad” y, el del último año del sexenio, coincidirá sin duda con la exigencia de López Obrador de una elección menos costosa.