• Se deben unir esfuerzos y realizar las gestiones necesarias con el gobierno de EE.UU para recuperar a la brevedad la recertificación para la exportación de camarón, dijo.
• Las respuestas de instituciones mexicanas no han sido suficientemente contundentes para enfrentar con argumentos sólidos esta recurrente decisión.
La diputada federal Claudia Yáñez Centeno, llamó a las instituciones gubernamentales vinculadas con el sector pesquero, “para que se trabaje, desde ya, de manera coordinada con la CONAPESCA, el INAPESCA, la Secretaría de Marina, la de Agricultura y Desarrollo Rural, las Secretarías Hacienda, de Economía, del Medio Ambiente, la PROFEPA, y las comisiones de Pesca de las cámaras de Diputados y de Senadores, para solucionar los temas de urgente atención ante el embargo camaronero por parte de Estados Unidos”.
En rueda de prensa organizada por el senador José Narro Céspedes y con la presencia del dirigente de la Confederación Nacional de Cooperativas Pesqueras (CONACOOP), Aureliano Aldama Rivera, entre otras, reiteró su llamado para unir esfuerzos a fin de que la Secretaría de Economía y la Comisión de Agricultura, Ganadería. Pesca y Desarrollo Rural del Senado de la República, realicen las gestiones y mediaciones necesarias con el gobierno de Estados Unidos para recuperar a la brevedad la recertificación para la exportación de camarón.
En su calidad de secretaria de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, Claudia Yáñez señaló que la economía de la industria de la pesca y en particular de la industria camaronera están sufriendo un golpe muy duro debido al embargo comercial impuesto por EE.UU a la exportación de camarón, Y “no se puede esperar otro embate internacional y más abandono del sector”.
Claudia Yáñez enfatizó en que “estos asuntos tienen que abordarse en un diálogo horizontal y abierto con las confederaciones pesqueras nacionales y con los gobiernos estatales; no se puede seguir teniendo al margen de las decisiones y sin voz, a las mujeres y hombres del sector de la pesca, para participar en la toma de decisiones de su actividad económica, de la cual depende el bienestar de sus familias y la seguridad alimentaria del país”.
“Este embargo no es solamente una declaración punitiva y restrictiva desde el gobierno de norteamericano a México, es una llamada de atención a nuestras instituciones, a nivel federal y estatal, a la falta de acciones técnicas, jurídicas y económicas para dar respuesta a las necesidades del sector pesquero a mediano y largo plazo”, subrayó Claudia Yáñez.
Apuntó que la industria camaronera genera miles de empleos y divisas, y es un eslabón fundamental de la seguridad alimentaria nacional por ser una fuente nutritiva de alimento y una actividad de cohesión social, así como una actividad económica primaria necesaria para las familias por lo menos en 17 estados costeros de nuestro país.
Es necesario diseñar e implementar –dijo-, una estrategia de monitoreo, inspección y vigilancia a la que se le asignen recursos económicos, tecnológicos y de innovación, así como personal suficiente y capacitado para prevenir y evitar la pesca ilegal.
También, diseñar e implementar una política de trazabilidad y con ello crear los instrumentos necesarios para identificar el origen del camarón ribereño, así como avanzar en una amplia política de restauración pesquera.
Al recordar que desde el 1 de mayo entró en vigor el embargo económico que EE.UU impuso a nuestro país para la exportación de camarón, precisó que no es un tema nuevo, ya que hemos enfrentado este tipo de embargos en 2010 y en 2018 por la misma razón, y las respuestas de las instituciones mexicanas no han sido suficientemente contundentes para enfrentar con argumentos sólidos esta recurrente e injustificada decisión del Servicio Nacional de Pesquerías Marinas de Estados Unidos.
Hoy, tras una dura crisis sanitaria y económica nacional, el sector camaronero de altamar y ribereño de nuestro país enfrenta nuevamente este embargo como resultado de la falta de previsión y acción de la Conapesca y del Inapesca para llevar a cabo un trabajo coordinado con el sector pesquero y camaronero para capacitar, vigilar, y en su caso, sancionar las malas prácticas que pudieran presentarse.
Estas omisiones desde las instituciones nacionales significan miles de empleos que están en riesgo a lo largo de la cadena productiva del sector pesquero mexicano; situación que se agrava ante la ausencia de un subsidio federal para el combustible de embarcaciones pesqueras y, con ello afrontar el elevado precio del energético También se agrava ante la falta de sistemas de monitoreo y vigilancia eficientes en recursos tecnológicos, económicos y humanos para reducir y evitar la pesca ilegal, así como la falta de una política de trazabilidad para dar seguridad de los productos en cada punto de la cadena productiva y dar certeza del producto al consumidor final, concluyó.
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