Tras la revisión minuciosa que realizaron la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado y la Subsecretaría de Administración, del convenio con el que la pasada administración estatal buscó basificar a 229 trabajadoras y trabajadoras, se detectaron diversas irregularidades en el mismo, por lo que este día se dieron por terminadas las relaciones laborales de ese personal.
En rueda de prensa celebrada este viernes 10 de diciembre, Víctor Manuel Torrero Enríquez, subsecretario de Administración, indicó que esas acciones se emprendieron para restablecer la legalidad y darle una orientación adecuada y conforme a derecho a lo que representan las relaciones laborales que se tienen dentro del Gobierno del Estado de Colima.
“Concretamente, tenemos que informarles que desde la Subsecretaría de Administración se operaron el día de hoy 229 terminaciones de relaciones laborales de personal que había sido basificado por el gobierno anterior”, informó.
Dijo que esa decisión del gobierno anterior de basificar a 229 personas, presupuestalmente no tenía ningún soporte ni sustento, además de que el proceso a partir del cual fueron otorgadas estuvo plagado de vicios y de irregularidades, toda vez que las personas no reunían las condiciones, ni los requisitos para entrar en un esquema de basificación.
“Las personas que estuvieron en este esquema de basificación en su gran mayoría eran personas que estaban allegadas al gobierno anterior; y allegadas me refiero a situaciones incluso hasta de complicidades, situaciones de actos contrarios a lo que es el ejercicio del servicio público y en ese sentido no podíamos nosotros dejar pasar por alto esta situación”, declaró.
Indicó que, entre este personal, había 5 personas que no contaban ni con un año de antigüedad, 9 que apenas tenían un año, 13 con 2 años, 18 con 3 años, 20 personas con cuatro años y 28 con 5 años, cuando se tenía un gran espectro de personas que pudieron haber tenido más merecimientos por contar con una antigüedad mucho mayor.
“Y que simplemente no se les tomó en cuenta (…) en buena medida porque no formaban parte de ese grupo allegado a ese espectro del poder que anteriormente gobernó en nuestro estado; (la basificada) era gente que más bien tenía una relación de parentescos, había amiguismo, había compadrazgos, había diversas situaciones que no eran las que se deben de tomar en cuenta para otorgar una base a una trabajadora o a un trabajador”, sentenció.
Roberto Rubio Torres, titular de la Consejería Jurídica, aclaró que esa decisión no se trataba de una cacería de brujas, pues eran temas que de manera ordinaria la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos les obliga a cumplir, con honestidad, eficacia y eficiencia las actividades de servicio público.
“Y por lo tanto, estamos comprometidos a que se haga una revisión exhaustiva de todas las áreas en las cuales esta administración es parte”, apuntó.
Detalló que este mismo día, se presentaron tres denuncias, una de ellas ante la Fiscalía Especializada Anticorrupción, en la cual se está denunciando a titulares de secretarías y de Organismos Públicos Descentralizados y a la persona ex titular del Poder Ejecutivo en la administración anterior.
Lo anterior, dijo, por presuntos actos que pueden ser considerados como delitos relacionados con hechos de corrupción, en el tema de ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad, falsedad de los servidores públicos, tráfico de influencias y los que más resulten derivados de la investigación ante dicha Fiscalía.
“También el día de hoy se ha presentado ante la Contraloría General del Estado una denuncia de hechos a fin de que se investiguen los hechos señalados en la misma, relacionados con presuntas actuaciones que constituyen faltas graves, relacionadas y tipificadas en la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos”, indicó.
Además, se presentó otra demanda ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, autoridad competente para dirimir los conflictos laborales entre las entidades patronales y los trabajadores, donde se demanda la nulidad del supuesto convenio de basificación.
Convenio, que dijo, fue pactado únicamente entre ciertos titulares de Organismos Públicos Descentralizados y exfuncionarios de algunas secretarías de estado y del propio extitular del Poder Ejecutivo.
“Consideramos que dicho documento es completamente ilegal, no se llevó a cabo conforme a la ley; el mismo es violatorio entre otras disposiciones del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que habla de la obligación que tienen todos los servidores públicos de dedicar los recursos de manera eficiente en las actividades que realmente estén presupuestadas”, expresó.
El referido convenio, comentó Rubio Torres, también viola la ley burocrática, en diferentes disposiciones relacionadas con temas escalafonarios y de calidades de trabajadores, ya sea de confianza o de base y el requisito que cada uno debe de cumplir para aspirar a esas categorías.
Añadió que, de igual manera, ese convenio violenta la Ley de Austeridad, la Ley de Disciplina Financiera en las Entidades Federativas y Municipales, debido a que en el actual ejercicio 2021 no existían presupuestadas nuevas plazas de base vacantes y menos aún, un total de 229 que pudieran ser susceptibles de ocuparse en la administración.
“Eso de suyo, es una grave irregularidad porque la propia ley establece que no se puede cubrir una remuneración o un pago que no esté autorizado por el Presupuesto de Egresos correspondiente. En ese sentido, eso es una de tantas irregularidades que se han detectado en esta situación que ha sido objeto de denuncia y de demanda laboral”, sostuvo.
Otra de las irregularidades detectadas es que no se llevó a cabo un corrimiento escalafonario, como lo establece la ley burocrática, entre los demás trabajadores de base para ir aspirando a la categoría inmediata superior y que al final, en la última categoría, ingresaran personas a la administración como servidores públicos de nuevo ingreso.
“Aquí prácticamente eso se hizo a un lado, se privilegiaron a ciertas personas para que en automático supuestamente fueran colocados en espacios susceptibles de ser basificados”, apuntó.
Aunado a lo anterior, el convenio únicamente fue firmado por los titulares de las dependencias, inclusive por titulares de Organismos Públicos Descentralizados y no por los consejos directivos o juntas de gobierno que es la máxima autoridad de estos organismos, ya que no existe constancia de que estos organismos superiores de dirección hayan autorizado las basificaciones.
Dijo que la gran mayoría de estas personas se desempeñaban como secretarios particulares, directivos e incluso uno de ellos como secretario de estado y otros cargos eminentemente de confianza, que de un día para otro ya aparecieron como si estuvieran de base.
Aclaró que será el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la Contraloría, donde se determine si hubo o no alguna responsabilidad en contra de las y los funcionarios denunciados.
Aclaró que la Subsecretaría de Administración analizará a detalle caso por caso, a fin de que quede establecido que a todos los trabajadores se les están respetando todos sus derechos humanos y sus derechos laborales.
Finalmente, la titular de la Contraloría General del Estado, Isela Guadalupe Uribe Alvarado, comentó tras la recepción de la denuncia, se tiene un término tres días hábiles la radicación de la misma y para iniciar el procedimiento de investigación que dijo, se hará con ética, con profesionalismo, apegado a derecho y alejado de todo tipo de filias o fobias políticas.
“Estaremos trabajando con estricto apego a lo que aplica esta norma de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y, en su caso, fincar las responsabilidades administrativas (…) y si se encontrase en estos expedientes en estas investigaciones, delitos graves, estaremos turnando también a la Fiscalía Anticorrupción los delitos correspondientes”, adelantó.
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