Presentan y analizan el Informe País 2020 sobre el combate a la corrupción

*“La suma de capacidades es la mejor vía para el logro de resultados; en este caso, para materializar las políticas anticorrupción y asegurar la aplicación de la normativa dirigida a erradicar tal práctica”: Christian Torres, rector.

Este jueves se realizó, en el auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, el Primer Foro Regional Informe País 2020, sobre el combate a la corrupción, un espacio de reflexión y análisis en materia de rendición de cuentas, combate a la corrupción, transparencia, fiscalización de finanzas públicas y evaluación.

Al dar la bienvenida, el Dr. Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño, rector de la Universidad de Colima, dijo que esta actividad “es parte de las acciones de colaboración que mantenemos con la Universidad de Guadalajara, con el gobierno de la entidad y diversas organizaciones estatales para promover, desde los espacios universitarios, el análisis, discusión y reflexión de temas relevantes para la sociedad, como es el combate a la corrupción”.

En ese sentido, resaltó, “las instituciones educativas tenemos amplias oportunidades de participar en esta tarea; en principio, con la formación de estudiantes con conciencia social y ética; asimismo, manteniendo el compromiso de llevar nuestros procesos de manera responsable, transparente, y privilegiando la rendición de cuentas”.

El rector comentó que la suma de capacidades es la mejor vía para el logro de resultados; “en este caso, para materializar las políticas anticorrupción y asegurar la aplicación de la normativa dirigida a erradicar tal práctica; por ello, deseamos que este foro contribuya a informar a todos los sectores sobre los avances y las tareas pendientes, sobre todo que enfatice la necesidad de contar con una participación colectiva para generar un cambio positivo”.

La declaratoria inaugural del foro fue hecha por Isela Guadalupe Uribe Alvarado, contralora general del Estado de Colima, en representación de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva. En su mensaje, señaló que el Informe País 2020 “da cuenta de instrumentos jurídicos y administrativos diseñados para combatir la corrupción desde las causas”.

En dicho informe, agregó, “se estudian los resultados tangibles del andamiaje institucional con la finalidad de analizar y evitar la discrecionalidad política, así como de impedir la arbitrariedad en la asignación y el uso del gasto público erradicando la opacidad en la función pública para sancionar a quienes cometen faltas o delitos de corrupción, además de garantizar que ninguna de esas prácticas corrompa la administración pública”. 

En ese sentido, comentó, “se debe hacer una suma institucional entre gobiernos, academia y sectores sociales para atender, en la mayoría de nuestras atribuciones, la corrupción desde sus causas y consecuencias. Agradezco a la Universidad de Colima el haber abierto sus espacios para la deliberación, análisis y discusión de este tema y hacemos votos porque el día de hoy los debates, contenidos y la generación de la discusión sume a hacer esfuerzos y tomar mejores decisiones desde los ámbitos en que nos encontremos”.

Una vez concluida la inauguración, Annel Alejandra Vázquez Anderson, secretaria ejecutiva del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate la Corrupción de la Universidad de Guadalajara, compartió los resultados del “Informe País 2020. Sobre el Combate a la Corrupción”, el cual fue elaborado por la Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas (CUCEA) y por el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción.

El documento, aclaró, se basa en información pública, para lo cual se hicieron más de mil solicitudes de información y se utilizaron más de 47 bases de datos y tablas con información estadística de diez instituciones públicas federales. Engloba temas como: los puestos públicos, los presupuestos públicos, las sanciones por faltas y delitos de corrupción, la transparencia y los resultados del Sistema Nacional Anticorrupción.

Vázquez Anderson señaló que “la corrupción nace de la captura del estado, sin importar justificación alguna; por tanto, combatir la corrupción desde sus causas equivale a liberar al estado de quienes lo capturan para servir a sus intereses; es así que el Informe País de combate a la corrupción da cuenta de los instrumentos jurídicos y administrativos diseñados para combatir ese fenómenos desde sus causas, sin tratar de modificar o reformar las leyes, instituciones o instrumentos, que fueron creados para combatir la corrupción, sino para utilizarlos adecuadamente”.

Entre otros datos, compartió diez puntos que muestran los déficits y limitaciones en la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción. Algunos de ellos son: “que los procesos de designación de cargos en la administración pública federal siguen respondiendo al sistema de botín; que los cargos del Servicio Profesional de Carrera fueron marginales y, aun siéndolo, tampoco garantizaron el cumplimiento cabal de cada uno de los procesos establecidos en la legislación aplicable; que el presupuesto de egresos de la federación se manejó con amplios márgenes de discrecionalidad, desde su asignación hasta su presentación final, incluyendo zonas de franca opacidad en las transferencias presupuestarias, los gastos indirectos y la adjudicación de contratos”.

Además, “que las recomendaciones formuladas por la Auditoría Superior de la Federación no modificaron las prácticas detectadas como discrecionales ni se utilizó el criterio de inteligencia institucional para corregirlas, por lo que se repitieron las mismas áreas de riesgo reconocidas en ejercicios fiscales previos; que el Sistema Nacional de Transparencia, a pesar de su evolución indiscutible, no logró conjurar la cultura de la opacidad en la producción de información ni consiguió la máxima publicidad de la información en posesión de los sujetos obligados y que la gran mayoría de los procedimientos de sanción no correspondieron con hechos de corrupción sino con asuntos administrativos poco relevantes”.

Por último, la investigadora comentó que, derivado de los resultados del estudio, se puede concluir que “México no carece de normas ni de instituciones para combatir la corrupción, pero en realidad la falla más notable es la deficiente implementación de las mismas, por lo que, según se sostiene, más allá de crear nuevas reglas, se requiere cumplir a cabalidad el marco normativo vigente”.

También estuvieron en el presídium: Juan Carlos Montes, Magistrado Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado y Evangelina Bustamante, Diputada Presidenta de la LX Legislatura del H. Congreso del Estado.

El informe completo puede descargarlo en https://combatealacorrupcion.mx/.