El Remate

A una semana de que la oposición política y empresarial en México llenase el Zócalo (el 26 de febrero de 2023) en supuesta defensa del INE, ya podemos apreciar cuál de las narrativas sobre la ‘marcha rosa’ terminará imponiéndose en la opinión pública: si la de los manifestantes que protestan porque el Plan B electoral supuestamente viola la Constitución o la del presidente López Obrador que acusa a los líderes de ese movimiento de haber pertenecido a un narcoestado.

Para hacer un recuento, el 6 de diciembre de 2022 en la Cámara de Diputados no alcanzó mayoría calificada la reforma constitucional con la que Andrés Manuel López Obrador pretendía transformar las instituciones electorales del país: hubo 269 votos a favor, 225 en contra y una abstención.

Los legisladores de Morena presentaron, entonces, un proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones a leyes secundarias relativas a la materia electoral, englobadas en lo que el presidente de la república llamó “el plan B”. Horas después, la diputación federal aprobó en lo general el paquete, y en lo particular los artículos no reservados, con 267 votos en pro, 221 en contra y ninguna abstención.

El miércoles 22 de febrero, el Senado aprobó por mayoría el Plan B con una votación a favor de 72 patricios (los de Morena y sus aliados) y 50 votos de la oposición. La reforma, entre otras cosas, modifica la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la de Comunicación Social y la de Responsabilidades Administrativas. Además, crea una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Entre los cambios aprobados están la compactación del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los Organismos Públicos Locales (OPLEs), así como la desaparición de la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la eliminación de fideicomisos del INE. El Senado sólo excluyó de la reforma aprobada por los diputados la controvertida cláusula que daba ‘vida eterna’ a los partidos pequeños.

Pie de Página destaca entre los puntos positivos de la reforma que potencia el voto en el extranjero para las personas migrantes, y entre los negativos que limita la participación de comunidades indígenas que ya habían conquistado espacios de representación en las plurinominales.

ÁRBITRO VENDIDO

La madrugada del jueves 2 de marzo, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las cuatro reformas del Plan B que formalmente entrarían en vigor al día siguiente. En los transitorios se ordena la reducción de los salarios de los consejeros y se destituye como secretario ejecutivo a Edmundo Jacobo Molina, brazo derecho del presidente del INE Lorenzo Córdova, quien no dudó en prometer que el funcionario regresará.

Ese mismo día, la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recibió dos recursos contra el decreto ya publicado en el DOF, los cuales fueron turnados a la magistrada Janine Otálora. La oposición en el Senado ya había adelantado que promovería un recurso de inconstitucionalidad ante la reforma, por lo que la batalla para ‘salvar’ al INE (es decir, para mantenerlo intacto) ya no se dará en lo legislativo sino en lo judicial.

El 3 de marzo, el INE puso en marcha la aplicación del Plan B con una advertencia por parte de Córdova –cita Reforma: quienes lo impulsaron ‘cometen abuso de poder, traicionan a la democracia, desmantelan al instituto y ponen en riesgo la elección de 2024’.

¿Puede el árbitro electoral protestar las reglas que debe aplicar?, ese es el meollo de la cuestión. Si la reforma siguió paso a paso su curso legislativo, ¿no tendrían que dejar los consejeros del INE que el Poder Judicial resuelva si ha de suspender provisionalmente la reforma o si la declara inconstitucional? Una vez más, este árbitro juega con uno de los equipos y en contra del otro.

PRESIONAR A LA CORTE

Las marchas del pasado domingo en distintas ciudades del país y hasta del extranjero, pero especialmente la concentración en el Zócalo donde uno de los oradores fue el ministro en retiro José Ramón Cossío, muestran una de las intenciones de la movilización reaccionaria: presionar políticamente a los ministros de la Suprema Corte que no están de acuerdo con la tesis de inconstitucionalidad. Cuentan para ello, valga el sobado chiste, con el hecho de que en la presidencia del Poder Judicial tienen a una Piña colada.

Otra intención manifiesta de los partidos que la convocaron es nutrir las bases del frente opositor. Es la enésima ocasión en la que el empresario Claudio X. González auspicia la conformación de una alianza política de todas las fuerzas contrarias al régimen, pero es la primera vez que se evidencia que esta coalición se inscribe en una conspiración mundial para preservar el modelo neoliberal globalista y frenar a aquellos regímenes que sostienen un discurso soberanista. En América latina, es también la respuesta de la derecha para detener la segunda ola de gobiernos de izquierda. Y así lo reflejó la prensa mundial.

APARATO ENORME

En su columna ‘La marcha de los gringos’ en Sin Embargo, Fabrizio Mejía Madrid escribe que usar colores como el rosa para unificar a quienes debieron lucir el azul del PAN, el rojo del PRI, el amarillo del PRD o el naranja de MC “es un método que se ha seguido en todos esos golpes de Estado patrocinados por la Fundación Nacional para la Democracia” (NED, por sus siglas en inglés), creada en 1983 por Ronald Reagan quien subcontrató a un privado para llevar a cabo las actividades de desestabilización política que antes gestionaba la CIA. La NED inventó las “olas” de colores para presionar gobiernos electos y darles un ultimátum para su renuncia.

La marcha rosa cambió la consigna de “este INE no se toca” por la de “mi voto no se toca”, argumentando que un órgano electoral desarticulado y empobrecido no podría garantizar certeza en los resultados de los comicios.

Es curioso, cuando en 2006 los simpatizantes de AMLO acusaron al entonces Instituto Federal Electoral de haber operado mediante un algoritmo diseñado por Hildebrando Zavala, cuñado de Felipe Calderón, un fraude electoral para revertir la ventaja del candidato de la izquierda, los defensores del ‘haiga sido como haiga sido’ insistían en que la elección no la realizó el IFE sino miles de ciudadanos previamente insaculados.

En ese sentido, insistían los defensores del medio punto porcentual de diferencia entre el supuesto ganador y el improbable perdedor, sólo hubiera sido posible el fraude si miles de funcionarios de casilla se prestaban a alterar las urnas y las actas. Con ese nivel de participación ciudadana en las elecciones, entonces, ¿para qué queremos un aparato institucional tan grande?

DICTADURA ELECTORAL

Por supuesto, la narrativa de que López Obrador, ante su desesperación por retener el poder recurrirá a un fraude electoral para prolongar los gobiernos de Morena por décadas (tal como lo hizo el PRI), se cae ante la evidencia demoscópica de que la o el candidato que impulse Andrés Manuel ganará con relativa facilidad, incluso si la reforma fuera anulada por la judicatura y se mantuvieran las reglas electorales como estaban.

Quizá por eso Beatriz Pagés, en su histrionismo anticomunista, habló de ‘dictadura electoral’. Ante la eventualidad de que Morena domine en las urnas en 2024, a la directora de la revista Siempre! no le queda más que deslegitimar la fuerza plebiscitaria. Para la exdiputada del PRI que vio operar la aplanadora, las leyes aprobadas en el Congreso constituyen un ‘crimen de Estado’ cuando son contrarias a los intereses de la élite que ella representa.

GENARO NO SE TOCA

El elefante en el Zócalo que nadie quería ver, escribió Julio Astillero, es Genaro García Luna. La declaración de culpabilidad en un juzgado de Nueva York el 21 de febrero –por los cinco delitos de los que lo acusó la fiscalía de Estados Unidos– ensombreció la marcha del domingo siguiente.

Fueron arrancados con rabia los afiches y la megalona que aparecieron en la ruta de los manifestantes con la leyenda #GarcíaLunaNoSeToca. El texto anclaba el significado de una fotografía con el emblema del PAN como fondo, de quien fuera director de la Agencia Federal de Investigaciones con Fox y secretario de Seguridad con Calderón, como el retrato de un criminal sentenciado.

La asociación de ideas llevó a AMLO a decir al día siguiente que “la mayoría” de los líderes de la marcha participaron “en los gobiernos anteriores”, donde fueron “defensores de los fraudes electorales” y formaron “parte de la corrupción en México”, al grado de pertenecer “al narcoestado que, como ha quedado de manifiesto con lo de García Luna, se impuso durante dos sexenios, el de Fox y de Calderón”.

Para Andrés Manuel, “hablando en plata” – cita El País–, cuando dicen ‘el INE no se toca’ es porque están pensando en que ‘no se toca la corrupción’, que ‘los privilegios no se tocan’ y que ‘el narcoestado no se toca’. Pero, claro, “tienen todo el derecho de manifestarse”.

En la lista que hizo el presidente no se salva nadie, ni el ministro Cossío: “un farsante abogado, fue ministro de la Suprema Corte de Justicia en pleno narcoestado, apoyado por Calderón, nunca dijo nada, y él votó en contra de una resolución para que se castigara a los responsables del incendio de la Guardería ABC en Hermosillo”, donde murieron medio centenar de bebés y niños.

Y ahora resulta – espetó el mandatario– que Cossío es “la autoridad moral del movimiento, el paladín de la legalidad”, cuando pagado por Claudio X. González “se ha dedicado a interponer amparos en contra… de todas las obras” de la 4T. Es “muy reaccionario, muy conservador”, como “todos ellos”.

PURA PROPAGANDA

Como escribió Violeta Vázquez-Rojas en una columna de Sin Embargo titulada ‘La Reputación’, la comentocracia que apoyó la marcha trató de salvarla de la infamia de García Luna sincronizando opiniones con tres líneas de base: “por un lado, insistir en que a García Luna se le juzgó sin pruebas suficientes. Por otro, sembrar la idea que quien había sido juzgado en Brooklyn no había sido un funcionario específico, sino todo el Estado Mexicano. La reputación del país –no la de los gobiernos del PAN– fue la que salió afectada, según esta línea. Una tercera línea, menos efectiva, consistió en advertir, con miras a desactivar, la narrativa del Presidente, que capitalizaría –como, en efecto, no podía dejar de hacerlo– la culpabilidad declarada de García Luna para reafirmar que siempre estuvo en lo correcto respecto a la naturaleza corrupta de los gobiernos de sus predecesores”.

Quienes deciden en México la línea editorial de noticieros y diarios se aferran a un modelo de propaganda. Hace años, señala la lingüista, que los medios de comunicación ‘convencionales’ renunciaron a su función de dar información para asumir la responsabilidad de “encauzar la percepción general de los asuntos públicos, poniendo énfasis en unas cosas, distorsionando otras e ignorando otras más”.

Aunque “el prestigio que esta sociedad otorga a la palabra escrita” ni esa autoridad en la opinión la heredaron los canales audiovisuales, dice Vázquez-Rojas, la visión de columnistas y conductores en los medios corporativos “se contrapone a la opinión mayoritaria”.

Según una encuesta publicada en El País el 13 de febrero de 2023, antes incluso del veredicto contra García Luna, el 84 por ciento de los mexicanos opinaba que Felipe Calderón también debería ser investigado por vínculos por el narcotráfico. De esa muestra, concuerdan con la visión mayoritaria el 91 por ciento de los que se identificaron con Morena y el 77 por ciento de los apartidistas, pero también el 85 por ciento de los priistas y el 74 por ciento de los panistas.

Si ese es el sentir general, ¿qué defienden las multitudes en distintas ciudades que marcharon “con la excusa de oponerse a una reforma electoral que desconocen en lo sustancial”? Para Vázquez-Rojas, no hacen otra cosa que clamar “por el regreso de los regímenes de corrupción y privilegios que luchamos por dejar en el pasado”.

ODIO, QUIERO MÁS…

Sería mucha audacia de la oposición proponer en campaña que en el siguiente sexenio retomemos el camino de las privatizaciones y del entreguismo a Estados Unidos o que reiniciemos la guerra contra el narco. Lo único que le queda es romantizar el pasado y añorar lo que nunca funcionó más que en el discurso: el seguro médico popular, las estancias infantiles, el aeropuerto de Texcoco, la seguridad en manos de civiles como García Luna.

La marcha rosa es una acción más dentro de una estrategia de desinformación que no busca promover a un candidato o a un proyecto de país, sino destruir la confianza en el proceso electoral que se avecina y al que dicen defender.

La lógica de las campañas electorales en la era digital es apelar a las emociones: alimentar los temores y los odios de los ciudadanos, antes que presentarles opciones para que las analicen crítica y racionalmente.

Una marcha como la rosa es un ejercicio de autocomplacencia: en muchos ciudadanos convencidos de que López Obrador les va a hacer perder lo que han conseguido, hay un placer morboso en salir a la calle a gritar cuánto odian al presidente.