Un análisis demoledor del manejo financiero de Ignacio Peralta es el que hizo de viva voz Martín Flores afuera de la Unidad Deportiva Morelos. El dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (STSGE) había dispuesto cuatro puntos de intercepción del convoy presidencial para poder entregar a Andrés Manuel López Obrador un documento que, finalmente, el jefe de Estado firmó personalmente de recibido.

Ese sábado 7 de agosto, el líder de los burócratas había estado informando contingente por contingente el resultado de su gestión con el mandatario, mientras tanto el acto para anunciar la ampliación de los programas de Bienestar se llevaba a cabo dentro del recinto deportivo. En un improvisado mitin con el grueso de los sindicalizados, Flores detalló el contenido de la misiva.

Los burócratas le explicaron al presidente que el quebranto financiero del gobierno del estado se debe a los malos manejos del recurso público que ha hecho Ignacio Peralta y quien hasta hace poco era su secretario de Finanzas, Carlos Noriega. Esa quiebra, anunciada el 29 de julio, repercutió en que los trabajadores no pudieron cobrar la segunda quincena. Apenas un día antes, les dieron un abono.

El quebranto, calculado por el Ejecutivo estatal en mil millones de pesos, llevó al gobernador a disponer de los sueldos de los trabajadores para pagar a la banca los créditos de corto plazo. Eso, dijo Martín, dejó sin dinero al gobierno pese a que la Secretaría de Hacienda adelantó 800 millones de pesos de las participaciones de junio, julio, agosto y octubre. Por esa mala decisión, no quedó dinero para pagar en los siguientes tres meses el sueldo a los 12 mil trabajadores cuya economía familiar está en riesgo, incluidos los maestros estatales afiliados a la sección 39 del SNTE.

Según Martín, el presidente le dijo que iba a intervenir en Colima para cuidar que el dinero llegue a los trabajadores, que no lo desvíen nuevamente. Flores pidió no sólo el apoyo del gobierno de México, sino su intervención en el gobierno del estado en la forma en que los mecanismos legales lo permitan. 

Martín denunció la retención de la nómina y del importe del descuento que se hace al trabajador por cuota sindical, caja de ahorros y abono a los préstamos que administra el sindicato. Además, el gobierno estatal tampoco entera los descuentos del trabajador al Ipecol ni la aportación patronal al fondo de pensiones. “Dispusieron de 82 millones de nuestro ahorro, es injusto e inhumano”, se lamentó Flores. Y al coro de “¡Fuera Nacho!” exigió que, si el gobernador Peralta no puede administrar bien, que renuncie.

DIFERENTES ESTRATEGIAS

El STSGE es el único sindicato que emprendió una acción legal en contra de Ignacio Peralta. SNTE 39 realizó manifestaciones estridentes y bloqueos, pero no ha traducido su reclamo en una demanda jurídica. En cambio, la movilización y la estrategia mediática de la burocracia fue efectiva. Como el impago de salarios tuvo un efecto colateral en la economía local, eso les dio a los burócratas un protagonismo social más amplio. 

Respetando la habilidad política y el liderazgo que tiene, el hecho de que la estructura de Morena no presentara denuncias paralelas a los posicionamientos en el Congreso local durante la comparecencia de Peralta, Noriega y la actual secretaria de Finanzas, Marina Nieto, le deja a Martín Flores la posibilidad de llevar el litigio hasta sus últimas consecuencias. Si algo entendió el líder de los burócratas es que la situación política, el discurso sobre austeridad y honestidad, y en sí los manejos financieros cambiarán dramáticamente en Colima a partir del 1º de noviembre.

Los sindicalizados tienen elementos de sobra para buscar en tribunales el castigo de los tecnócratas que desviaron la nómina. Amén de que las plazas están presupuestadas, por el hecho de formar parte de la estructura organizacional los burócratas tienen acceso a archivos donde podrían encontrar los elementos de prueba documental necesarios para hundir a Nacho. 

De este modo, la dirigencia sindical se legitima con la base. Sus representados podrían haberle reclamado a Martín que confiara o tolerara los engaños de Peralta. Pero esta lucha abre a los líderes de la burocracia un espacio para negociar con la nueva gobernadora.

MANEJO DE MEDIOS

La versión oficial intenta convencernos de que Nacho Peralta fue un gestor eficaz, que con su astucia consiguió que el presidente de México no pudiera negarse a rescatar financieramente al estado.

Los columnistas del nado sincronizado insisten en decir que Colima recibe menos de lo que genera fiscalmente. Pero ese es un tema distractor. Como esos mismos actores políticos decían cuando la presidencia de la república estaba en manos de priistas o de panistas, la federación no le queda a deber al estado en absoluto.

Como todas las aduanas, la de Manzanillo que tantos recursos recauda para la hacienda pública está en zona federal. Las fronteras y los litorales son propiedad de la nación, no de los estados donde se ubican, tampoco las aduanas que operan ahí. Como la hacienda pública es redistributiva, sólo un porcentaje de los ingresos por impuestos y aranceles van a la contabilidad de los estados donde se ubica la aduana. 

Lo que no están diciendo es que el movimiento portuario deja una derrama económica considerable para los estados por donde atraviesan esas mercancías y personas en su camino al interior del país. Y no sólo las participaciones, también son recursos federales los programas sociales para el bienestar como los que el presidente López Obrador vino a desglosar en su visita a Colima, y se deben considerar en el paquete fiscal. 

En todo caso, de ser cierta la teoría de la inequidad en las participaciones para Colima, ¿cómo es posible, entonces, que teniendo ese déficit presupuestal tengamos políticos inmensamente ricos, con un patrimonio personal que supera el presupuesto anual de varios municipios?