CAMPO CUATRO

Los voceros de los grupos de interés que mantienen la ilusión de influir en la conformación del gabinete de Indira Vizcaíno están desesperados. Es clara la intención de alentar la llegada de sus cuadros a determinadas carteras, aunque es menos evidente el empeño en proteger a aquellos mandos medios cuya permanencia en el gobierno es vital para cuidar de los negocios que hicieron al amparo del poder.

Se está promoviendo al interior del gobierno de Ignacio Peralta la degradación de directivos a posiciones intermedias, a fin de sacarlos del radar y librarlos de la poda sexenal. Por falta de contratos definidos temporalmente, mucho personal de confianza reclamará su basificación o una jugosa liquidación tras el cese. Ambas cosas, conservarlos en la nómina o indemnizarlos, tendrán un fuerte impacto en las finanzas de la próxima administración.

Montados en la idea de un gobierno por asamblea, algunos columnistas asumen que la designación que hará la titular del Ejecutivo de los funcionarios de su gabinete debe responder a la anuencia de poderes fácticos. Más de uno sostiene que Indira Vizcaíno ha de asignar las secretarías en proporción al peso específico de las fuerzas políticas que se expresan en el estado, incluidas las de oposición y, acaso, considerándolas primordialmente. En ese tenor hemos escuchado disparates tremendos, como ese de que la futura mandataria debe gobernar con sus enemigos más que con sus amigos.

Se leen y se escuchan opiniones que recogen las filias y las fobias de los grupos de poder derrotados en las urnas por Indira, respecto a quienes ellos vislumbran como potenciales colaboradores de la gobernadora. Sus juegos de palabras esconden, en realidad, el deseo de colocar activos de esa oposición en puestos de primer nivel y, sobre todo, de ubicar a incondicionales como mandos medios en la administración estatal. Un caso notable es el exalcalde de Villa de Álvarez, Enrique Rojas, nombrado al cuarto para las 12 responsable del programa de becas en la Secretaría de Educación.

AGENCIA DE COLOCACIONES:
Hay en Colima una pretendida meritocracia que, a falta de servicio civil de carrera, ha mostrado su capacidad de sobrevivencia brincando de un gobierno a otro. Sin embargo, en 2021 las circunstancias cambiaron. Para empezar, no es el mismo partido el que representa el gobernante que se va, del que llevó al poder a la mandataria que llega. 

La alternancia es algo que no habíamos visto en Colima, y eso determina que sea más alta la expectativa que la ciudadanía tiene de un cambio en la configuración del aparato oficial. Ciertamente, no se entendería la transición si los rostros o los apellidos en los puestos de dirección y operación de la nueva administración pública fuesen los mismos de los últimos sexenios.

Hay otra diferencia con sus antecesores, Indira llega al gobierno sin compromisos con partidos ni fuentes de financiamiento. No tiene que pagar cuotas de poder con nombramientos.

Indira ha sido, por lo demás, muy cautelosa en la información que ofrece acerca de cómo estará formado su gabinete. Por lo pronto, a quienes se asumen como gerentes de una agencia de colocaciones, les intriga saber quiénes integrarán el proceso de entrega-recepción, seguro para ir articulando el mapa político e identificar a los personajes con los que puedan eventualmente establecer una conexión. Sin embargo, no es regla que quienes participen del equipo de transición necesariamente deban quedar en las áreas de gobierno de las cuales fueron enlaces. Ya los simbolismos políticos han cambiado, y lo que hizo un gobernador hace cinco lustros no es obligación que lo replique la próxima gobernadora.

Ojalá mantenga Indira su estrategia de no revelar todas sus cartas si es posible hasta la víspera de la toma de posesión, porque sus enemigos se las van a querer quemar o, peor, cooptar a esas figuras.

BIENES MALBARATADOS:
El 6 de julio el gobernador Ignacio Peralta envió al Congreso local una iniciativa de decreto que desincorpora algunos predios, con la finalidad de saldar el adeudo que el Gobierno del Estado tiene con el Instituto de Pensiones de Colima (Ipecol).

Por descuentos de nómina no enterados al fondo y por faltantes en las aportaciones de la patronal, la administración Peralta debía al Ipecol, hasta ese momento, 157 millones 468 mil 928 pesos. Y como los dos bienes señalados principalmente –el Estacionamiento Constitución, en el centro de la capital, y el Rancho Buenos Aires, localizado en el camino a El Chical, municipio de Coquimatlán– tienen un valor comercial que apenas suma 88 millones 181 mil 500 pesos, la iniciativa contempla la posibilidad de enajenar 12 predios más, ubicados en Tecomán, Cuauhtémoc, Manzanillo, Coquimatlán, Ixtlahuacán y Villa de Álvarez.

El avalúo ya mueve a suspicacias. El valor del estacionamiento fue fijado por la Secretaría de Administración y Gestión Pública en 36 millones 319 mil pesos, y constituye una ganga considerando los ingresos por pago de tarifas por hora y pensiones por mes, así como los beneficios indirectos que recibe la tienda departamental anexa. La inversión se recuperaría en tan poco tiempo que más parece un regalo para la empresa interesada en adquirirlo. 

Buen negocio para el gobierno estatal sería conservarlo o, bien, traspasarlo como activo al Ipecol y que éste lo administrara. No pocos sistemas pensionarios en el país invierten sus caudales en inmuebles, particularmente en estacionamientos y edificios de departamentos, cuyo alquiler capitaliza al fondo.

Por su parte, el valor comercial asignado al Rancho Buenos Aires, 51 millones 862 mil 500 pesos, está por debajo de la cotización de los predios que se ofrecen en la zona. Varios agricultores consultados por esta redacción coincidieron en que el precio de la hectárea se calculó a la mitad del que prevalece en el mercado inmobiliario. Es verdad que cuando hay urgencia por hacer líquido un bien patrimonial se sacrifica la ganancia y se absorben pérdidas, pero no sería remoto que esta venta también lleve dedicatoria.

CAPITALISMO DE CUATES:
¿Se quieren apropiar del patrimonio público los socios de los funcionarios que están a punto de dejar la administración? Antes esas rentas sirvieron para tener ingresos para el DIF estatal, es decir, se fondeaba la política asistencial con base en esos bienes. Pero ahora hay una urgencia por cederlos a bajo costo a los mismos grupos empresariales que han hecho toda clase de negocios en este sexenio y en anteriores gestiones de Peralta.

No se venden estas propiedades por falta de dinero ni para cumplir compromisos financieros, sino para que alguien salga beneficiado de la desincorporación. Empero, los funcionarios promotores no han tomado en cuenta que las irregularidades en operaciones inmobiliarias son más fáciles de descifrar que las especulaciones financieras. Y más riesgosas, ya es delito grave la corrupción. Para no ser imputados tendrían que plantear bien los términos de la adjudicación, que no haya lugar a dudas respecto a un posible conflicto de interés.

Por mandato constitucional, los gobiernos deben acrecentar el patrimonio, no reducirlo. No se trata de terrenos ociosos, sino de infraestructura funcional que, en el caso del estacionamiento, es redituable. Pero qué se puede esperar de un gobierno que, en todas las operaciones inmobiliarias en las que se ha inmiscuido, dejó un halo de sospecha: desde La Campana –que, según Mario Anguiano, a él se la ofrecieron a menor precio y con una mayor extensión, lo que de todas maneras no compensaba los problemas jurídicos y políticos que supuso para Ignacio Peralta inmiscuirse en un litigio entre particulares– hasta la antigua zona militar, por no hablar de la polémica concesión del parque regional para convertir un espacio público en zoológico privado.