El Remate

Bernardo Salazar Santana aplazó su informe de labores como presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado (STJE) del 4 al 15 de noviembre, “por conveniencia política”. Se trata de una estratagema para mantener el mando hasta que se elija a el o la nueva presidente del Poder Judicial, lo que tendría que haber ocurrido a partir de la segunda quincena de octubre.

De hecho, el año judicial termina el 31 de octubre pero, en la interpretación de Bernardo, su periodo culmina cuando informe. Urgidos de una nueva presidencia, los magistrados presionan para que la elección se haga el mismo día que Salazar rinda cuentas.

Dos semanas de seguir disfrutando del privilegio de mandar, le servirán para tratar de reagrupar a los siete magistrados –incluido Bernardo– que formaron originalmente el bloque prianista de la judicatura, el mismo que se desarticuló al fallar el plan de anticipar ilegalmente la elección de Leticia Chávez como presidenta del STJE.

No prosperó la intentona, entre otras cosas, porque Salazar Santana entendió que la maniobra podría ser motivo de un juicio político en su contra. Y porque, al final, casi todos los magistrados del bloque aspiraban a sucederlo y sabotearon la operación para imponer a Chávez Ponce.

Esos siete magistrados hoy se dividen en dos grupos: René Rodríguez, María Luisa Ruiz y Juan Carlos Montes, por un lado; Leticia Chávez, Sergio Bravo y Miguel García, por otro. Bernardo no se decide a sumarse a ninguno pues juega a la posibilidad de usar su voto para hacer la diferencia, incluso en una alianza con los tres magistrados ‘rebeldes’: José Alfredo Jiménez, Lilia Hernández y Rafael García Rincón. Con lo que no contaba Salazar Santana es que los primeros están ahora más cerca de sumarse a los disidentes, que de buscar el apoyo del presidente saliente.

ESTÁ EN SUS MANOS:

Es contradictorio que Bernardo pretenda prolongar su agonía en la presidencia, cuando antes quiso irse anticipadamente por motivos de salud.

Lo que quiere es ganar tiempo para intentar una nueva azonada y colocar a alguno de sus aliados, probablemente a Sergio Marcelino Bravo Sandoval quien ya se anda candidateando, o a cualquiera que acepte que, a través de él, prolongue de facto su mandato. Salazar está dispuesto a jugar hasta con una de las cartas rebeldes, si obtiene garantías de que no será perseguido pese a los escándalos de corrupción y mala conducta.

Los magistrados deberán elegir un nuevo presidente que no sólo preserve la autonomía del Poder Judicial frente a las intromisiones e intereses de los poderes fácticos (entre ellos los de los exgobernadores), sino que asegure la funcionalidad del aparato judicial.

Se necesita un presidente que conozca el sistema de impartición de justicia, no gente inexperta con ideas obsoletas como esa de construir una ciudad judicial, cuando el uso de la tecnología digital permite acercar la justicia y abatir los muros. Sobra decir que esa pretensión faraónica de sustituir el Palacio de Justicia con una Ciudad Judicial, es propia de un paradigma ya en desuso en la administración pública: construir proyectos desmesurados para robar.

El pleno debe aprovechar la experiencia que tienen algunos de los integrantes del Supremo Tribunal para que el Poder Judicial supere los rezagos y la burocracia; para hacer eficientes las salas pero también los juzgados donde, Bernardo y otros magistrados, fueron acomodando como jueces y funcionarios a personas allegadas que les garantizaban incondicionalidad a la hora de resolver los asuntos de manera interesada, mas no honestidad ni profesionalismo.

La renovación del STJE es un tema de interés tanto al interior del Poder Judicial como de la comunidad de abogados que llevan asuntos ante la primera y segunda instancia. También para la sociedad civil que suele verse afectada por las decisiones que toman jueces y magistrados.

¿QUIÉN ES EL DECANO?

En la prensa digital y las redes sociales se han expresado diversos puntos de vista que buscan impulsar el perfil de algún magistrado o, incluso, vetar alguna candidatura a la presidencia del pleno. Sin embargo, como en el cónclave del Vaticano donde la elección recae en los propios papábiles, por mucha presión política y mediática que puedan recibir los magistrados la elección la harán ellos.

La judicatura estatal cuenta con diez integrantes: Rafael García Rincón fue nombrado en 1997;José Alfredo Jiménez Carrillo y María Luisa Ruiz Corona, en 1999;Bernardo Salazar Santana, Miguel García de la Mora y Juan Carlos Montes y Montes datan del periodo de Silverio Cavazos; y a quienes propuso Ignacio Peralta y todavía no cumplen con el requisito de los seis años para adquirir inamovilidad, son Leticia Chávez Ponce, René Rodríguez Alcaraz y Sergio Marcelino Bravo Sandoval; la última en llegar al pleno fue Lilia Hernández Flores, quien en septiembre de 2021 sustituyó a Mario de la Madrid Andrade–también nombrado por Peralta– que, al fallecer su padre, renunció a la magistratura para hacerse cargo de la notaría pública.

Tener más de 25 años como magistrado no hace a Rafael García Rincón el decano del Poder Judicial, porque antes de integrarse al Supremo Tribunal no tuvo cargos en la administración de la justicia en el fuero común.

José Alfredo Jiménez es el decano de la judicatura porque no llegó al Poder Judicial en 1999, cuando lo nombraron magistrado, sino 11 años antes, en 1988, al recibir un nombramiento como notificador del Supremo Tribunal (una plaza sindicalizada) que obtuvo en el primer concurso por oposición al que convocó Jesús Ocón, entonces presidente del STJE, con base en la nueva Ley Orgánica. Jiménez fue presidente del pleno en el periodo de Cavazos y, al concluir su mandato, se reintegró a su ponencia.

DE LOS 13 QUE TENÍA…

Tampoco María Luisa Ruiz Corona tenía carrera judicial local antes de incorporarse a la magistratura en 1998, tras ser nombrada por el entonces gobernador Fernando Moreno Peña junto a Ramón Cervantes Amezcua, Fidel Rueda Gudiño, José Alberto Peregrina Sánchez, Felipe Chávez Carrillo y Eliseo Arroyo Alcalá.

Ninguno de estos juristas llegó a ocupar una plaza vacante o disponible en el STJE, sino que fueron nombrados en una forma por entonces acostumbrada pero inconstitucional. Como parte de la tradición política, los designaron para acompañar al gobernador en su sexenio (1997-2003), sustituyendo de facto a magistrados que ya habían adquirido inamovilidad por haberse desempeñado en el cargo más de seis años y sin que, para removerlos, se les hubiera formulado un dictamen fundado sobre los motivos de su no ratificación.

Al ganar sus respectivos juicios de amparo, los magistrados a los que FMP pretendía sustituir–Enrique de Jesús Ocón Heredia, Jorge Magaña Tejeda, Carlos Alberto Macías Becerril, Yolanda Macías García y José de Jesús Rentería Núñez–libraron una batalla personal para acordar su permanencia o su retiro voluntario. Por contar ya con los 30 años de servicio requeridos, Rentería se pensionó y Ocón Heredia terminaría recibiendo una notaría pública en Tecomán. El resto se quedó a formar parte de la judicatura más obesa de la historia de Colima, integrada por 14 magistrados contando a Macías García quien, lamentablemente, falleció en ejercicio.

Al gobernador Moreno Peña la justicia federal le dejó en claro que no podía cesar ni exigir la renuncia a los que estaban en funciones y alcanzaron inamovilidad, pero nada le impedía tampoco nombrar nuevos magistrados. Y así el Congreso local aprobó a los propuestos por el Ejecutivo.

Trece era un número excesivo, aun tras la creación mediante reformas a la ley orgánica de una nueva sala mixta, pero no se redujo la judicatura hasta la llegada al poder de Silverio Cavazos (2005-2009), cuando salieron del Supremo Tribunal –al no haberse justificado ante un diagnóstico elaborado la permanencia de tanto magistrado–Vega Gudiño, Peregrina Sánchez y Cervantes Amezcua. Este último fue reacomodado en la estructura judicial como titular de un juzgado penal en Tecomán, pero años después fue cesado tras una acusación por malos manejos.

CARRERA JUDICIAL

Aun cuando algunos tienen muchos años como magistrados, no todos tienen una carrera que encuadre en el concepto de servicio judicial. Es una práctica común, tanto en los tribunales superiores de los estados como en la Suprema Corte, que haya magistrados o en su caso ministros que no son de carrera. No vienen de la estructura judicial sino de otros campos del Derecho: desde la práctica litigante y la procuración de Justicia, hasta la consultoría jurídica en otros poderes y órganos autónomos, pasando por la academia y el notariado.

En ese sentido, sólo cuatro de los actuales miembros de la judicatura cumplen con el concepto de servidor público de carrera judicial:

– José Alfredo Jiménez, quien fue secretario general de acuerdos en una sala del pleno, nombramiento logrado también al ganar un concurso de oposición en presencia del entonces presidente del STJE, Lucio Álvarez. Más tarde, se desempeñó como juez de primera instancia y, en 1999, fue promovido como magistrado propietario en el Supremo Tribunal donde se integró ala sala civil, actualmente en materia mixta.

– Juan Carlos Montes y Montes se inició en la ponencia de José Alfredo Jiménez como proyectista. Ascendió a juez en el gobierno de Silverio Cavazos y, posteriormente, fue designado magistrado.

– Leticia Chávez Ponce fue actuaria, secretaria de acuerdos y jueza antes de ser nombrada integrante del Supremo Tribunal de Justicia. Y,

– Lilia Hernández Flores también se incorporó al Poder Judicial con Jiménez Carrillo, primero como actuaria, continuando como secretaria de acuerdos en la sala mixta, proyectista y, finalmente, secretaria general del Supremo Tribunal durante la presidencia de José Alfredo Jiménez. Fue juez de lo familiar antes de ser nombrada magistrada.

PERMANENCIA VOLUNTARIA

Por cierto, Romualdo García señaló en un artículo que el nombramiento de Lilia Hernández vence en septiembre de 2024, por lo que no es elegible para la presidencia del Supremo Tribunal ya que no alcanzaría a cubrir el término de su gestión. Ese fue un error en el decreto que tendrá que ser enmendado por el Congreso.

Constitucionalmente, el término para el cual fue nombrado Mario de la Madrid no se aplica a Lilia, puesto que la garantía legal para la permanencia de los magistrados se extiende a seis años.

Por su parte, pese a tener 24 años de servicio el retiro de Jiménez Carrillo no es forzoso, como sugiere Romualdo en otra parte de su texto. José Alfredo tiene derecho a la permanencia voluntaria, ya que en Colima no existe un sistema legal de retiro forzoso.

LAS CULPAS DE BERNARDO

Bernardo Salazar Santana llega al momento del relevo con nula credibilidad y autoridad moral.

Como bien señaló Ángel Durán en otro artículo, un juez de Distrito acaba de emitir la suspensión definitiva en el amparo indirecto ante el nombramiento de varios juzgadores que estaba llevando a cabo el Poder Judicial de Colima, todo esto a petición de uno de los interesados que participó en el procedimiento y que se considera afectado al no haberse respetado el procedimiento que el mismo STJE publicó.

Pero esa no es toda la herencia maldita que dejará Bernardo:

Lega un Poder Judicial en quiebra, tras engordar la nómina con la incorporación de servidores públicos en cargos no presupuestados, con el falso argumento de que se trataba de plazas no ejercidas.

Y causó un déficit al STJE tras la designación de personal en el sistema de justicia laboral que resultaba innecesario, ya que esos puestos podrían haberse cubierto con trabajadores de los juzgados en extinción.

Más grave es el daño en el funcionamiento del Poder Judicial. Las brigadas (grupos de trabajo o proyectistas de las salas penales que, por lo visto, están ligeros de trabajo)creadas por Salazar para abatir el rezago en juzgados, no es una medida de eficiencia. Evidencian la mala administración de los asuntos y la pésima distribución de las cargas laborales bajo la presidencia de Bernardo. Con esas brigadas pretende maquillar la estadística, declarando concluidos asuntos que prescribieron por falta de atención.

EL ENFERMO IMAGINARIO

Al fingirse enfermo para justificar una renuncia y pretender, como cabeza del bloque prianista, designar suplente a Leticia Chávez para que, en realidad, fungiera como sustituta y asumiera anticipada y, por lo tanto, ilegalmente la presidencia, Bernardo sólo consiguió quemar las naturales aspiraciones de la magistrada.

Ya que no ha cumplido seis años en el pleno y, por lo mismo, no ha conseguido la inamovilidad, la permanencia de Leticia Chávez está en riesgo. Eso la hizo víctima de los caprichos y locuras de un presidente empeñado en lograr una sucesión al mejor estilo priista, por dedazo.

Incluso su papel como conductor del proceso sucesorio corre peligro: Bernardo, como lo determinó la Suprema Corte, tendría que dejar el cargo de magistrado por su calidad de deudor alimenticio moroso. La madre de uno de sus hijos presentó una demanda ante el juzgado por incumplimiento, y eso es algo que ya fue sancionado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La pena implica no sólo el impedimento de acceder a un cargo público sino, en el caso de ya tenerlo, la obligación de dejarlo.