El Remate

La intriga política para imponer a Leticia Chávez como presidenta del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado fracasó. Y el nuevo presidente del Poder Judicial será Juan Carlos Montes.

El presidente saliente, Bernardo Alfredo Salazar Santana, aprovechó el puente de la feria de Todos Santos para planear, con su aliado Sergio Marcelino Bravo, el golpe de mano con el que pretendían imponer a su incondicional Leticia Chávez Ponce como nueva presidente de la judicatura estatal.

Pensaban reeditar la maniobra que hace unas semanas impidió el magistrado José Alfredo Jiménez, en aquella sesión del pleno donde Bernardo propuso a Chávez inicialmente como su suplente, para enseguida presentar su elección como presidenta del Supremo Tribunal por los próximos dos años.

Aunque se estaba violando la ley al adelantar la elección, Salazar quiso convencer a los miembros de la judicatura con un argumento político: mantener al Poder Judicial como un baluarte del PRI, autónomo y soberano frente al gobierno morenista de Indira Vizcaíno.

Ante el riesgo de un juicio político por violar la Constitución y la ley orgánica del STJE, Bernardo retiró la propuesta. Pero no perdió a gusto, aprovechó el tiempo que le quedaba al año judicial para integrar lo que creía una mayoría de siete magistrados con los cuales ganar la votación a celebrarse en el marco de su último informe de labores.

El domingo 6 de noviembre, Salazar Santana emitió la convocatoria para una sesión del pleno el día siguiente a las 5 de la tarde. El asunto: someter a consideración de los magistrados una vez más la elección de Leticia Ponce.

En las cuentas alegres del presidente saliente, tenía comprometidos los votos de su grupo compacto: Sergio Bravo Sandoval, Leticia Chávez y Miguel García de la Mora. Y suponía que, además, contaba con los votos del grupo que formaron René Rodríguez Alcaraz, María Luisa Ruiz Corona y Juan Carlos Montes cuando se escindieron del bloque bernardista. Con ellos siete, Bernardo creía poder derrotar a los magistrados que se identificaron con el gobierno de Vizcaíno Silva: José Alfredo Jiménez Carrillo, Lilia Hernández Flores y Rafael García Rincón.

Nunca previó Bernardo que Rodríguez, Ruiz y Montes tenían su propio proyecto: llevar a la presidencia del Tribunal a uno de ellos. Y tampoco que sumarse al grupo de Bernardo no era opción para ninguno de los tres. Por un lado, Salazar insistía en que la presidencia recayera en Leticia o, en todo caso, en Sergio Marcelino. Y, por otro, para apoyar a uno de los otros tres Bernardo exigiría que el sucesor le cubriera las espaldas ante las múltiples irregularidades que se dieron durante su administración.

MADRUGUETE FRUSTRADO

Los tres disidentes (Rodríguez, Ruiz Corona y Montes) y los tres rebeldes (Jiménez, Hernández y García Rincón) se aliaron y acordaron sabotear la maniobra de los bernardistas, de entrada, negándose a completar el quórum en la sesión del lunes para, enseguida, acordar entre ellos quién sería el nuevo presidente.

En la primera ronda de conversaciones surgió el nombre de José Alfredo Jiménez, con quien no hace muchos años una joven estudiante de Derecho que hoy es Gobernadora del Estado hizo su práctica profesional. Pero ante la insistencia de René Rodríguez de privilegiar a alguien que no haya sido presidente, como ya lo fueron Jiménez Carrillo y García Rincón, redujeron la lista a dos: Lilia Hernández y Juan Carlos Montes.

Hernández Flores es la magistrada con menos tiempo en el Tribunal, pero su carrera judicial data de largo tiempo y desempeñó todos los cargos de la estructura judicial antes de llegar al pleno: desde secretaria de acuerdos a juez en la primera instancia, desde secretaria de sala a proyectista, en la segunda. Montes y Montes llegó a la magistratura a propuesta del gobernador Silverio Cavazos y se ha caracterizado por su institucionalidad. Tan institucional es que acató la línea política que lanzó Ignacio Peralta en favor de su amigo Bernardo Salazar.

En la mesa de negociaciones se consideró la ventaja política de elegir presidenta a Lilia Hernández que, como magistrada, supuso la primera propuesta para el Poder Judicial que hizo Indira todavía como gobernadora electa. Y el simbolismo de darle al STJE un rostro femenino como el que ya tiene el Legislativo (con la diputada Isamar Ramírez como presidenta de la Junta de Gobierno en el Congreso) y el Poder Ejecutivo (con Vizcaíno Silva). Sin embargo, al final el consenso fue para Montes.

Juan Carlos resultó un factor de unidad entre los dos grupos aliados. Uno solo de los magistrados de su grupo que se hubiera ido al bando de Bernardo, habría dejado la votación en cinco y cinco, con el presidente saliente con voto de calidad.

PETATE DEL MUERTO

Bernardo intentó por todos los canales entrevistarse con la gobernadora para espantarla con el petate del muerto, y convencerla de hablar con los magistrados rebeldes para que se sometieran a la propuesta de Leticia Chávez. Sin embargo, la mandataria siempre estuvo al tanto de la distribución de los votos en el pleno y no se dejó engatusar.

La suerte de Bernardo se selló cuando a su informe (el segundo de su tercer periodo, aunque él lo presentó como el sexto quizá para crear la narrativa de un sexenio –¿el de Nacho? – que termina) no asistió Indira Vizcaíno ni varios de los magistrados, al punto de poner en riesgo el quórum.

Entre los invitados especiales sólo estuvieron el exgobernador Fernando Moreno y el mandatario interino Ramón Pérez Díaz. La fila reservada a los extitulares del Poder Ejecutivo, por cierto, permaneció vacía porque el público no acató la invitación de las edecanes a pasarse a las filas de adelante y los dejaron solos.

El miércoles a las 2 de la tarde, se habría de realizar la sesión ordinaria para elegir a Montes como nuevo presidente del STJE. Si no la convocaba Bernardo, lo hubieran hecho los rebeldes ya que basta la firma de tres magistrados para que sea válido llamar al pleno a reunión.

El triunfo de Juan Carlos Montes estaba asegurado con por lo menos seis votos, aunque fuera probable que alguno de los otros cuatro se sumara a la propuesta mayoritaria. Si no lo hicieron, será porque quieren plantarse en su enfrentamiento político con la gobernadora Vizcaíno.

Con la elección de Montes se rompe la inercia de una política judicial basada en el amiguismo, el encubrimiento y la improvisación profesional. Leticia Chávez tiene carrera judicial, pero la perspectiva de su idoneidad cambia cuando pensamos que Bernardo Salazar se inclinó por ella porque siempre estuvo dispuesta a acatar sus instrucciones.

Bernardo hubiera querido tener un sucesor más astuto políticamente, pero a Sergio Marcelino ser presidente del Tribunal le habría complicado la vida profesional. Como magistrado, Bravo Sandoval puede atender bajo la mesa la notaría pública No. 2 de Manzanillo, cuyo titular es su papá, sin que se note que está un día sí y otro no en el Palacio de Justicia. Como presidente no podría dobletear la chamba de fedatario público con la del Poder Judicial.

Operador priista en procesos electorales (uno de esos llamados ‘mapaches’ en el folclor político), Checo Bravo vio al Supremo Tribunal como uno más de sus encargos políticos, una buena entrada salarial y la oportunidad de hacer negocios. No le preocupaba dedicarse tiempo completo a enfrentar el enorme reto que implica la modernización del Poder Judicial.

RENOVAR AL PODER JUDICIAL

Lilia Hernández y Juan Carlos Montes tienen otra escuela. Eran dos buenas opciones para dar certeza, seriedad y un nuevo rumbo al Poder Judicial del estado. Curiosamente ambos se formaron con José Alfredo Jiménez, conocedor de la función judicial.

Este magistrado homónimo del compositor guanajuatense le ganó así la partida a Bernardo Salazar, quien buscaba imponer a una persona incondicional como Leticia Chávez que se prestó a muchas corrupciones y a violar la ley cuando pretendieron ponerla en la presidencia, adelantándose a los tiempos.

Si lo vemos como una contienda entre dos liderazgos dentro del Supremo Tribunal, José Alfredo venció a Bernardo al operar para poner como presidente del pleno a uno de su grupo que, además, fue su discípulo en los juzgados. De hecho, siendo presidente del Supremo Tribunal, Jiménez Carrillo creó las condiciones para que Juan Carlos Montes llegara como magistrado a propuesta de Silverio Cavazos.

Al final, ganó la justicia y la legalidad sobre la corrupción. Una renovada clase política identificada con la transformación del país se impone a la clase política comprometida con el viejo régimen.

LA AUDITORÍA 2021

En su último informe, el martes 8 de noviembre, Bernardo Salazar advirtió que 2023 será un “año de crisis económica” para el Poder Judicial del Estado, ya que el techo financiero que les impone el gobierno de Indira Vizcaíno representa apenas el 65 por ciento del presupuesto necesario para operar.

Al representante del Gobierno del Estado en el desairado acto, el consejero jurídico Roberto Rubio Torres, no le quedó más que recomendarles a los integrantes del STJE que sean creativos financieramente.

Nunca va a alcanzar el dinero –podría haberles dicho Rubio– si el nuevo presidente hace lo que Bernardo hizo: subirse el sueldo en poco más de 32 mil pesos. De alrededor de 90, Salazar pasó a ganar 125 mil pesos mensuales.

Refiriéndose a los informes del Osafig de las auditorías de 2016 a 2020 que en esta columna reseñamos, Bernardo dijo que son documentos que ya fueron calificados. Lo cierto es que a Salazar el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima le señaló repetidos vicios administrativos y malas prácticas contables, como comprar vehículos de lujo sin autorización del pleno, malbaratar el parque vehicular y hacer pasar viajes de placer para él y su familia como asistencia a cursos de capacitación. Varias de esas observaciones aparecen, después de años, como no solventadas.

Para el mismo martes de su informe de labores, el Osafig citó a Bernardo para entregarle la cédula preliminar de la auditoría que el órgano fiscalizador realizó al Poder Judicial por el manejo de los recursos públicos en el ejercicio presupuestal 2021. No sabemos el contenido de esta nueva auditoría, pero es muy probable que le señalen las mismas irregularidades de los informes anteriores. A Salazar Santana, el déficit presupuestal le sirvió como pretexto para disimular el uso discrecional de los recursos públicos.

EL MAL QUERIDO

Aunque algunos comentaristas hablen de críticos oficiosos del poder político a los que hemos cuestionado la gestión de Bernardo Salazar, el rechazo a quien fue presidente del STJE es casi generalizado entre sus pares, los funcionarios del Poder Judicial y el gremio de abogados.

El mismo lunes, no demasiado tarde si consideramos que Bernardo Salazar operaba para dejar a su suplente en la presidencia del STJE, bajo la firma de Francisco Jiménez Rangel se publicó en las redes sociales una convocatoria a la comunidad jurídica colimense, en especial, “a todos los que, estén inconformes con el actuar del magistrado Bernardo Salazar Santana, en su carácter de presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado”, a hacer presencia “a las 11:30 de la mañana del día de hoy, martes 8, en las afueras del auditorio ‘Carlos de la Madrid Béjar’ (Aldama y Flores Magón), para abordarlo al terminar su informe de año judicial y hacerle públicas las reclamaciones que cada uno tenga”.

Bernardo acabó su gestión en el STJE con la indiferencia de los poderes Ejecutivo y Legislativo, los señalamientos del órgano técnico de fiscalización y el repudio de sus colegas, por no mencionar el resentimiento de todos aquellos ciudadanos que se han visto afectados en su persona y patrimonio por sentencias y resoluciones interesadas, emitidas contra el derecho por una cofradía de secretarios, jueces y magistrados que actuaron por consigna.