El Remate

Hablan con tanta vehemencia de la pureza del órgano electoral que, uno pensaría, la consigna que gritaban en las marchas del domingo 13 de noviembre era: ¡Ese himen no se toca!

El chiste es de algún conductor de los medios públicos, pero dibuja muy bien el papel distractor de un movimiento aparentemente cívico que se convocó para defender a los consejeros del INE, cuando en realidad se trató de una movilización político partidista en contra del presidente López Obrador.

A una semana de la manifestación, ya es evidente que el objetivo nunca fue impedir la reforma electoral sino ganar la narrativa. De entrada, generar la percepción entre ciertos sectores de la población de que hay un rechazo generalizado al gobierno de la 4T. Y causar la impresión a través de la prensa extranjera de que, pese al repudio popular, el supuesto dictador de Macuspana se aferra al poder.

Es, en ese sentido, una marcha cacerolista como la dictaban los cánones setenteros en Chile cuando las clases medias tomaron las calles para protestar en contra del socialismo de Salvador Allende, creando un ambiente de pánico moral propicio para que los militares creyeran justificable dar el golpe de Estado que instaló a Augusto Pinochet en la dictadura.

MANUAL DEL GOLPE SUAVE

Por lo demás, la marcha respondió literalmente a las fases del golpe blando que describió el académico estadounidense Gene Sharp, las cuales pueden ejecutarse a través de cinco etapas jerarquizadas o realizadas de manera simultánea:

La primera etapa consiste en promover acciones no violentas para generar un clima de malestar en la sociedad, sobredimensionando las denuncias de corrupción y las intrigas palaciegas, o divulgando falsos rumores.

A esta fase sigue una segunda que consiste en desarrollar intensas campañas en “defensa de la libertad de prensa y de los derechos humanos” –como las llama el autor del ensayo ‘De la dictadura a la democracia’, donde describe 198 métodos para derrocar gobiernos mediante “golpes suaves”–, acompañadas de acusaciones de totalitarismo contra el gobierno en el poder.

La tercera etapa –cita Wikipedia– “se centra en la lucha activa por reivindicaciones políticas y sociales y en la manipulación del colectivo para que emprenda manifestaciones y protestas violentas, amenazando las instituciones”. Esto ya lo vimos con la infiltración de grupos de choque en los actos de reclamo de feministas, ambientalistas y familiares de desaparecidos.

A partir del domingo podría empezar la cuarta fase que pasa por ejecutar “operaciones de guerra psicológica y desestabilización del gobierno, creando un clima de ingobernabilidad”. Si bien, ya hemos visto algunos adelantos, desde el culiacanazo hasta el Guacamayas leaks.

Y luego vendría la quinta etapa: “forzar la renuncia del presidente de turno mediante revueltas callejeras para controlar las instituciones, mientras se mantiene la presión en la calle. Paralelamente, se prepara el terreno para una intervención militar, mientras se desarrolla una guerra civil prolongada y se logra el aislamiento internacional del país”.

Dados los niveles de aceptación de López Obrador, el manejo que le ha dado a los indicadores económicos, la forma en que ha logrado lidiar con las presiones de Estados Unidos –tanto con Donald Trump como con Joe Biden– y la nueva oleada de gobiernos progresistas que se ha venido dando en América Latina, hacen muy difícil que con las acciones de esta última etapa se configure en México un escenario golpista.

TODOS ESTABAN AHÍ

La manifestación fue nutrida en la Ciudad de México. Acudieron, diríamos recuperando otro sarcasmo que circuló en las redes sociales, justamente todos y cada uno de los odiadores de Andrés Manuel. Ni uno más, ni uno menos de los que se beneficiaron de una logística que, cuando la organiza el gobierno, se define como acarreo y, cuando la paga la iniciativa privada, le llaman movilización.

Otros pocos marcharon en los estados, acompañando al contingente de priistas y panistas que aprovecharon la defensa del INE para mostrar músculo con miras a las elecciones de 2024.

Los críticos de la marcha coinciden en que la protesta se organizó sobre una premisa falsa: López Obrador quiere desaparecer el INE, en todo caso, quiere crear un nuevo árbitro electoral para cometer con ese aparato un fraude (¿como el de 1988?, ¿como el de 2006?, ¿como el de 2012?) que salve a Morena de una derrota segura.

En esa lógica, la narrativa que la derecha pretende imponer apunta a señalar que si la oposición unida fracasa en su intentona por derrotar al o la candidata de la Cuarta Transformación, será porque el gobierno saliente usó toda la fuerza del Estado para retener el poder. ¿Algo así como lo que hicieron los priistas por décadas y los panistas cuando tuvieron la presidencia, salvo cuando acordaron cederse uno al otro el Ejecutivo federal (primero a favor de Fox y, luego, a favor de Peña)?

¿Y LA REFORMA ELECTORAL?

Lo único que no estuvo a debate en la polémica previa y posterior a la marcha, fue la reforma política que se supone quieren frenar.

Los defensores del INE se niegan aceptar la normalidad en las transformaciones del órgano electoral. El primer Instituto Federal Electoral tenía consejeros ciudadanos, pero su secretario ejecutivo respondía a la Secretaría de Gobernación. Los consejeros generales del segundo IFE presumían de autónomos, pero fueron colocados ahí por cuota de partido. Y el actual Instituto Nacional Electoral sigue respondiendo a la partidocracia.

Transformarlo en Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) supone una evolución que la reacción se niega a discutir con el mantra de: ‘Este INE no se toca’. No obstante, con autoridades electorales que puedan ser electas de manera directa, y con cada vez más decisiones avaladas por la población mediante plebiscitos, referéndums o consultas, la creación del INEC implicaría el paso natural de una democracia representativa (la del Constituyente permanente) a la democracia participativa.

El argumento reaccionario es que López Obrador pretende imponer por la fuerza del populismo a consejeros electorales que le obedezcan. Sostienen los detractores de la iniciativa presidencial que, aun cuando cada poder de la república habría de proponer un número igual de candidatos a integrar el consejo general del INEC y a los magistrados del Tribunal Electoral, el proceso no será democrático puesto que el Ejecutivo controla al Legislativo y al Judicial en la mejor tradición de un presidencialismo autocrático.

Sin embargo, este argumento no resiste una obviedad: con la actual normatividad basada en el peso que tienen los partidos en el Congreso, los consejeros electorales que sustituyan a Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y los otros dos que terminarán su gestión antes del proceso de 2024, serán impuestos por Morena con la fuerza del mayoriteo.

CHORROMIL DIPUTADOS

Los partidos de oposición a Morena tampoco han querido discutir la pertinencia de escuchar reclamos históricos de la ciudadanía, como reducir el número de curules en la Cámara de Diputados o eliminar el absurdo principio que dio origen a los senadores de lista nacional.

Fusionar el sistema de elección directa y por representación proporcional en la cámara baja mediante un método de listas estatales, es la solución perfecta para bajar de 500 a 300 el número de diputados. Reflejaría con mayor justicia la voluntad popular y, curiosamente, garantizaría a las nomenclaturas partidistas la posibilidad de seguir en el juego.

Con el actual esquema uninominal, el ganador en un distrito se lleva todo y el voto de quienes sufragaron por otros candidatos se anula. La lista plurinominal por cada una de las cinco circunscripciones, en realidad, no responde a los deseos de los votantes minoritarios.

Dejando atrás la idea de los distritos, una lista estatal obligaría a los partidos a proyectar a sus cuadros más vendibles, y hacerlos acompañar de aquellas figuras más comprometidas ideológicamente con el partido pero con menos viabilidad en el mercado electoral.

En las democracias parlamentarias llegan al gobierno los liderazgos visibles del partido que, por lo mismo, son quienes encabezan las listas. A diferencia de los plurinominales de hoy, el voto que alimentará la representación proporcional en México tendría con esta reforma rostro, nombre y apellido.

Los 32 senadores de lista nacional rompen la paridad ante el pacto federal que debe existir en una cámara alta donde están representados los estados. Una fórmula de dos senadores de mayoría y un tercer patricio por entidad federativa para la primera minoría, es correcta. La dinámica de las coaliciones le dio su propio sentido al principio de representación, como lo vemos en Colima donde un escaño es de Morena, otro del PT y el tercero del PVEM. El Verde jugó con el PRI, pero luego hizo alianza con la 4T.

MIEDO A LA AUSTERIDAD

Abominar de todas las propuestas de López Obrador lleva a los defensores del INE a negar la pertinencia de reducir el gasto electoral en este país. Hay que compactar al consejo general, dejando siete de 11 asientos. Y hay que hacer que el Instituto y el Tribunal Electoral, con su carácter federal absorban a los OPLEs y a los tribunales electorales locales.

Los priistas que gobiernan Coahuila y el estado de México deben estar angustiados con la posibilidad de que desaparezcan los comités municipales y los institutos locales electorales. Especialmente en el Edomex, una autoridad electoral a modo es indispensable para impedir la victoria de Delfina Gómez en los comicios para gobernador.

Pero negarse a discutir esta cuestión, anteponiendo los derechos laborales y la expectativa salarial de las estructuras electorales en los estados, lleva a los defensores del INE a eludir el necesario debate sobre la reducción de los presupuestos para años no electorales. La intención morenista de disminuir las prerrogativas de los partidos para que no reciban recursos públicos en años no electorales, preocupa a esa burocracia que en cada partido siente amenazada su situación económica.

Uno de los temas que menos se discute es la implicación que tendría la austeridad en la representación popular de estados y municipios. Al establecer un criterio poblacional para fijar el número de congresistas locales y de regidores, la Legislatura y los ayuntamientos en un estado con tan pocos habitantes como Colima quedarían reducidos a su mínima expresión. ¿Y, entonces, cómo harían los partidos para repartir el botín entre la clase política?

…ELLOS SE JUNTAN

Enarbolando la bandera del rechazo a López Obrador, hay una partidocracia que quiere frenar en las calles, los medios de comunicación y las redes sociales lo que tendrían que negociar en las cámaras del Congreso. Si el debate llega a los recintos parlamentarios, los opositores a la reforma tendrían que ser oídos pero también corren el riesgo de ser vencidos.

Una negociación política les permitiría conservar algunas cosas, pero los obligaría a ceder en otras. Y tal vez acabaría fraccionando a la oposición que Claudio X. González reunió, que Alito Moreno desunió y que la marcha en defensa del INE congregó nuevamente.

En Colima vimos a los dirigentes del PRI, como Arnoldo Ochoa y el exgobernador Fernando Moreno, marchar junto al diputado federal panista Riult Rivera y los congresistas locales de uno y otro partido, con el objetivo de construir una nueva alianza electoral .

Es paradójico verlos juntos defendiendo al árbitro comicial, cuando desde 1997 y hasta 2015 los panistas vivieron reclamando a los priistas haber usado a los órganos electorales locales para despojarlos de la gubernatura de Colima, así como de algunos triunfos municipales y hasta en elecciones distritales.

Se replicó en la entidad lo que vimos en la Ciudad de México: Santiago Creel marchando con Roberto Madrazo, a quien acusó en 1994 de hacer fraude en las elecciones de Tabasco en perjuicio de Andrés Manuel López Obrador; Madrazo marchando con Elba Esther Gordillo, a quien como candidato presidencial acusó de llamar a los gobernadores priistas para sacar a sus huestes a votar por Felipe Calderón en 2006. Y, así como éstas, otras muchas contradicciones superadas por la conveniencia de frenar la continuidad de la 4T.

EL BLANCO ES AMLO

El objetivo de la marcha fue minar la imagen de AMLO, porque lo que estará en juego en 2024 no es la elección de un nuevo presidente sino la ratificación del Movimiento de Regeneración Nacional.

No se equivocan quienes hablan de una reelección virtual. No será Andrés Manuel quién esté en la boleta, pero sí llevará el presidente sobre sus hombros el peso de la campaña.

No hay duda, no pretende reelegirse. López Obrador se irá a La Chingada, su rancho, al terminar su mandato. Pero la o el mandatario que se quede en su lugar, le deberá su triunfo al Peje.