En los espacios de noticias y opinión de medios como El Financiero TV o Grupo Radio Fórmula, la noticia fue presentada como un error de estrategia. Según esa tesis, el Estado mexicano no salva a la Comisión Federal de Electicidad (CFE) sino a Iberdrola, no mejora el modelo de generación de energía pues las 13 plantas sólo pasan de manos privadas al sector público, y tampoco garantiza a los consumidores que no subirán las tarifas.

El nado sincronizado repite lo que, por ejemplo, dijo Jesús Martín Mendoza en El Heraldo TV: “el gobierno federal llama a esto una nueva nacionalización y no es verdad, porque una nacionalización toma y no paga”. Es una compra y los únicos que ganan son los accionistas de Iberdrola.

Si le dieron a ganar a la trasnacional, ¿por qué entonces Enrique Quintana, vicepresidente y director general editorial de El Financiero, no tuvo empacho al decir que la adquisición de 13 plantas de Iberdrola en 6,000 millones de dólares va a terminar desincentivando las inversiones en México de empresas extranjeras?

No faltaron otros que se burlaran porque Iberdrola les vendió lo que ya no necesita, chatarra a precio de oro. Y, por supuesto, hubo expresiones de censura por aumentar el endeudamiento público para salvar a una empresa quebrada como es la CFE.

¡ES ESTATISMO!

En un discurso periodístico que corresponde al paradigma del libre mercado, el Estado debe reducirse a su mínima expresión y no debe ser propietario, menos de empresas prestadoras de aquellos servicios que puedan suponer un negocio particular. El supuesto neoliberal es que lo público siempre es ineficiente y corrupto, mientras lo privado es eficaz y rentable.

Pero la narrativa de los defensores del viejo régimen ni siquiera responde a una lógica tan complicada. Como escribe Fabrizio Mejía Madrid en Sin Embargo (‘La nacionalización’, publicada el 6 de abril de 2023):

“Hace un año la oposición financiada por Claudio X. González votó en contra de permitirle al Estado mexicano decidir sobre su política eléctrica. Hoy, que Iberdrola se despide de México y sus plantas pasan al control del Estado, vuelven a exhibir una táctica que no les favorece nunca: el tomar postura en función del Presidente.”

Sus posturas no son de principios, esperan a lo que hace López Obrador para posicionarse en contra. Todo el sexenio se la han pasado “brincando al lado opuesto del Presidente, sin tener jamás un plan propio, unos principios, unos argumentos”. La táctica es retorcer la realidad para que se adapte a la fantasía de que AMLO terminará perjudicando al país y ellos volverán al gobierno como salvadores de la situación, resume Mejía.

(RE)NACIONALIZACIÓN

En efecto, Andrés Manuel López Obrador calificó el hecho como “una nueva nacionalización” que resolverá a corto y mediano plazo el consumo de energía eléctrica que requiere un país en pleno crecimiento, garantizando además que no aumenten las tarifas.

Y para el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, representa una nueva relación con el sector privado: “es bienvenido a invertir en el desarrollo de energías renovables en el país, bajo la tutela del Estado”.

Aunque no pocos analistas y actores políticos de oposición vieron la compraventa como un capricho de AMLO para doblegar a la trasnacional energética, en el fondo es el triunfo de una política pública distinta a la entreguista de la reforma constitucional de 2013 impulsada por Enrique Peña Nieto –dice el académico Ángel Balderas Puga.

Sin mayoría calificada para una contrarreforma a la carta magna –explica Balderas en entrevista con el periodista Manuel Pedrero–, la 4T lanzó un plan B: modificaron las leyes reglamentarias de tal forma que dejó de ser redituable un modelo de negocio, como el de Iberdrola, que socializaba las pérdidas y privatizaba las ganancias.

YA NO FUE NEGOCIO

Por mera ideología y contra toda lógica de competencia comercial, quienes tuvieron el control del Estado hasta 2018 decidieron entregar a los extranjeros sectores clave de la economía, como el energético y el financiero, apunta Balderas.

Frente a la postura de la prensa conservadora, otros periodistas que –como el presidente de Morena en Querétaro– entienden el principio de la soberanía energética han venido analizando desde una perspectiva distinta el anuncio que hizo López Obrador en Palacio Nacional el martes 4 de abril, acompañado por el presidente ejecutivo de Iberdrola José Ignacio Sánchez Galán.

En Rompeviento TV, el reportero de Rusia Today Manuel Hernández Borbolla se dijo sorprendido porque, mientras le pegaban a Iberdrola desde la tribuna presidencial “con justa razón”, AMLO llevara meses negociando un buen trato con ellos.

Para su contertulio el periodista independiente Alejandro Almazán, fue una gran jugada de ajedrez de López Obrador. La reacción ha dicho que Iberdrola se va por su propia voluntad y no porque la expulsen, pero la verdad es que disminuye su participación en el sector porque, con el nuevo marco legal, la generación de electricidad dejó de ser un negocio ventajoso en México.

Iberdrola libró una batalla jurídica, política y mediática contra la normatividad impuesta por la 4T. En un país donde la oferta supera a la demanda, el negocio de vender electricidad era rentable sólo porque la CFE estaba obligada a absorber los costos del porte. Es decir, los particulares no pagaban por usar las redes públicas para transportar la energía desde donde se genera hasta el lugar de consumo. Incluso, la paraestatal debía apagar sus propias plantas para darle preferencia a la corriente generada por privados. Al final, viendo que el margen de ganancia ya no iba a ser el mismo, Iberdrola se sentó a negociar.

MIP Y FONADIN

Témoris Greco, otro frelancer que se sienta a la mesa de los periodistas moderada por Ernesto Ledesma y Violeta Núñez, no pudo determinar si esta compra es el resultado de un plan deliberado para sacar a Iberdrola del mercado mexicano o la oportunidad que vio AMLO en el contexto mundial.

Iberdrola es una empresa saqueadora, subraya Greco. Ya por sí, el capital es brutal y no tiene bandera. En su país de origen, la trasnacional es responsable de que los precios de la electricidad y el gas se hayan disparado por falta de una regulación oficial al mercado.

Con una filosofía empresarial que busca maximizar las utilidades sin asumir ninguna responsabilidad social, el alto costo económico que estaba teniendo para Iberdrola su enfrentamiento con el gobierno mexicano la hizo concluir que, si al final iban a perder todo, lo mejor era llegar a un acuerdo.

Sánchez Galán lo explicó mejor que nadie con una frase que Témoris considera cínica: “Hemos entendido cuál es la política energética de su gobierno y esa política nos ha llevado a buscar una situación que sea buena para el pueblo de México y que, al mismo tiempo, cumpla con los intereses de nuestros accionistas”.

Greco, Hernández y Almazán coinciden en que la prensa conservadora se muestra rencorosa al opinar sobre la operación. El diario Reforma publicó en primera plana, donde suelen ir las notas informativas, un artículo firmado por Jorge A. Meléndez (no confundirlo con Jorge Meléndez) que empieza como un análisis y acaba echando pestes. El lenguaje denota enojo. No es una reflexión honesta ni seria.

Para Témoris, el objetivo de la adquisición es incrementar la influencia del Estado mexicano en la generación de energía eléctrica en más de una tercera parte, y adquirir una posición dominante en el mercado.

Y respecto al uso que el presidente hace de la palabra nacionalización, Greco adelanta la polémica que se daría los días siguientes sobre las diferencias entre Mexico Infrastructure Partners (MIP) y el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin).

PERIODISMO AGORERO

Según Ricardo Raphael en Milenio (‘La falsa nacionalización eléctrica’, publicada el 6 de abril), el fondo de inversión administrado por una fibra denominada MIP “cubrirá sus obligaciones con recursos provenientes, entre otras fuentes, del Fonadin, un fideicomiso privado creado en época de Felipe Calderón que se salvó de la extinción”.

El primo hermano de Enrique de la Madrid Cordero es de los que profetizan que esta operación no garantiza precios bajos en la energía. “Los nuevos dueños de las plantas generadoras necesitan asegurar rendimientos financieros a sus inversionistas; por tanto, ese será el principal criterio para fijar el costo de cada watt generado y también el pago que se haga a la CFE como operaria de los activos”.

“En 1960 Adolfo López Mateos expropió la empresa canadiense Mexican Light & Power Co. para convertirla en la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Esta decisión se conoce como la nacionalización de la industria eléctrica mexicana. Ese sí fue un evento histórico. Esta vez el gobierno mexicano no expropió nada, ni siquiera adquirió activos que eran de Iberdrola. En la realidad, la transnacional puso sus activos en manos de una entidad privada diferente”, insiste Raphael de la Madrid.

“Es una mentira que esas plantas vayan a ingresar al patrimonio de la CFE. Esta dependencia se encargará de operarlas y eso será así mientras el verdadero dueño de las plantas, Mexico Infrastructure Partners, lo considere pertinente”. En pocas palabras, es “‘estudiado simulacro’, aunque hay quien supone que MID no es otra cosa que el Fonadin”.

PÚBLICO – PRIVADO

Ante el prejuicio, conviene recordar que el esquema donde el gobierno crea una empresa privada para participar en una sociedad es el mismo, pero en sentido inverso, al que siguieron Carlos Salinas y Ernesto Zedillo para desincorporar paraestatales:

Telmex era una empresa privada cuando el gobierno de Echeverría la compró en 1972, y, a partir de 1990, Salinas de Gortari la fue vendiendo paulatinamente a un consorcio creado por Carlos Slim.

En 1993, el Instituto Mexicano de Televisión (Imevisión) fue primero convertido en TV Azteca (pasando la señal permisionada del canal 7 al régimen concesionado) y luego vendida la empresa a Ricardo Salinas Pliego.

Con los ferrocarriles, Salinas privatizó una línea en 1994 y después, entre 1995 y 1999, Zedillo ordenó que Ferronales cerrara operaciones en varias rutas para que empresas particulares se fueran incorporando como prestadoras del servicio; al final, en 2001 Vicente Fox extinguió la paraestatal cuando ya todo el transporte ferroviario estaba en manos de privados como Ferromex.

Mas como ahora se aplica el esquema para estatizar, la línea editorial de la prensa neoliberal es que esas figuras del MID y el Fonadin son una estratagema para que el gasto no aparezca en los registros de deuda pública.

Esa misma prensa quiere ver la adquisición de las 12 plantas de ciclo combinado (ubicadas en Baja California, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa y Tamaulipas) y una planta de energía eólica localizada en Oaxaca, como un pasivo para la ya endeudada CFE.

CFE DOMINANTE

Por el contrario, la postura oficial es que la compra de esas 13 plantas, la construcción de nuevas y la modernización de hidroeléctricas posibilitará que el Estado mexicano tenga, a finales del sexenio, alrededor del 65 por ciento de toda la generación de energía eléctrica. Lo que significa el rescate definitivo de la CFE como empresa pública.

El gobierno niega haber comprado chatarra industrial. Las plantas tienen una vida útil promedio de más de 18 años pero ésta se puede extender una década más, con lo que la inversión que realizará el Estado mexicano generará beneficios por hasta 28 años.

Lo más significativo es que la CFE operará las plantas sin comprometerse financieramente. En una transacción aproximada a 6 mil millones de dólares, la inversión que realiza el Estado mexicano representa un pago promedio de 696 mil dólares por megavatio, el cual “se encuentra a niveles de mercado”, aseguró el titular de Hacienda.

Con el acuerdo, se suma una generación de 8 mil 500 megavatios y se alcanzará una producción de energía eléctrica superior a 55 por ciento, a diferencia del 39 por ciento actual.

HECHO HISTÓRICO

Para Ángel Balderas, aun cuando no llega a ser renacionalización de la industria eléctrica, sí estamos ante un hecho histórico. En sólo cuatro años el gobierno de la 4T invirtió la tendencia y comenzó a revertir el proceso de privatización de empresas estratégicas.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Energía, explica Balderas, Iberdrola contaba en el país con 24 plantas de generación de energía eléctrica. Si el gobierno de México adquiere 13, la española mantiene todavía 11 plantas.

Era con mucho la empresa extranjera con mayor participación en México. Con sus 16 centrales de ciclo combinado, seis parques eólicos y dos parques fotovoltaicos, Iberdrola se llevaba la tajada del león con una generación superior a los 10 mil megavatios.

La profundidad de la medida se revela al comparar las dos políticas públicas:

Al año 2000, según datos de la CFE, la generación por parte del Estado era del 100%. Cuando terminan su gestión Vicente Fox y Felipe Calderón, la participación de los privados incluso antes de la reforma energética de 2013 ya era del 37% y, de CFE, apenas un 63%. Como secretario de Energía de Fox, Calderón se comportó como empleado de Iberdrola, y lo mismo hizo Georgina Kessel como secretaria de Energía de Calderón, sostiene Balderas.

Cuando llega la 4T, la herencia ya era de 52 a 48%, prácticamente mitad y mitad. Sin embargo, como dejaron contratos amarrados eso impidió al gobierno de AMLO detener el proceso y, para 2021, cuando el presidente propone una reforma eléctrica constitucional, la participación de los privados ya se había invertido con respecto al inicio de la reforma energética. Es decir, habíamos pasado de un 63-37 a favor de CFE, a lo opuesto en 2021.

Y si el presidente no hubiera lanzado un plan B “ante el rechazo irracional” a las modificaciones constitucionales a la industria eléctrica, las proyecciones para el final del sexenio eran de 30% para CFE y 70% para privados. Hacia el final de la década habríamos asistido prácticamente a la desaparición de CFE, con una proporción 15-85 en la generación eléctrica.

Según Balderas, apenas estamos regresando a la situación de 2017, todavía no a la situación previa a la reforma energética de Peña de 2013 que, cabe recordar, fue una reforma constitucional que requirió una mayoría de dos terceras partes y se logró con el PRIAN y “los traidores del PRD”.

LUZ Y FUERZA

Es una adquisición, advierte Balderas, las plantas se van a pagar. Iberdrola no pierde, a final de cuentas tienen un giro de negocios y el dinero que reciban lo pueden invertir en otro lado, pero sí muestra a un gobierno nacionalista. Con esta medida y otras que se alcancen a tomar al final del sexenio, es probable que con Andrés Manuel podamos llegar a la situación previa a 2013, sin modificar la Constitución pero sí con una política muy inteligente y nacionalista.

Para el Estado, la energía es un buen negocio. Equinor, la compañía estatal noruega de petróleo (llamada Statoil antes de 2018), tiene enormes ganancias. Que el 70% de la propiedad sea del Estado noruego le permite controlar totalmente la política. Una situación distinta se vivía en Deer Park, donde Pemex era socia de Shell pero la empresa privada controlaba el 51% de las acciones y hacía lo que quería.

Electricité de France (EDF), hasta antes de la nacionalización de Emmanuel Macron, era un 85% pública y 15 privada. En México no se le cierran las puertas al sector privado, puede seguir invirtiendo pero deberá hacerlo sobre todo en tecnología de punta para, después, recuperar su inversión con un margen adecuado de ganancia.

Y como si le respondiera a Ricardo Raphael, Balderas recuerda que el plan de extinción de la CFE comenzó con la desaparición de Luz y Fuerza del Centro en 2009. El Ejército disfrazado de Policía Federal tomó las instalaciones de una empresa más antigua que la Comisión y que daba servicio principalmente al Valle de México y otras partes del Altiplano. La destruyeron porque la idea de Calderón era hacer exactamente lo mismo que con Pemex: privatizar el sector.