JUECES CUESTIONADOS
Al hacer el recuento en La Mañanera del viernes 2 de septiembre de 2022 de algunas decisiones de los jueces locales y federales que han repercutido en la impunidad y en la inseguridad, comenzando por el caso de Rafael Caro Quintero, el subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía Berdeja, incluyó varios expedientes que tienen que ver con Colima.
En voz de Mejía, la administración de Andrés Manuel López Obrador hizo una defensa de su intención de ampliar el catálogo de delitos que, por su gravedad, ameritan prisión oficiosa. La reforma busca, dijo el Subsecretario, que no quede al arbitrio del juez la medida cautelar de la prisión preventiva, ya que esa posibilidad ha servido como puerta giratoria para peligrosos delincuentes.
El funcionario criticó, de paso, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque, con la discusión de dos recursos (un amparo en revisión y una acción de inconstitucionalidad), pretende invalidar por primera vez en la historia del país un artículo constitucional. Si así lo hicieran, los ministros estarían legislando y, por lo tanto, invadiendo una esfera de poder que les corresponde al Senado, la Cámara de Diputados y las 32 legislaturas estatales.
Ya en el desglose de asuntos escandalosos que han protagonizado funcionarios del Poder Judicial, Mejía mencionó el caso de ‘la Vaca’, advirtiendo que ya se ha explicado cómo un juez, Daniel Ramírez Peña, del Centro de Justicia Penal de Almoloya de Juárez, determinó no vincular a proceso a quien, además de haber sido detenido en flagrancia con armas y droga, “es un peligroso criminal que está imputado en diferentes ilícitos, como es homicidio de un agente de investigación que lo trasladaba en cumplimiento de una orden de aprehensión al estado de Tamaulipas, como son los hechos violentos del Cereso de Colima, que dieron como consecuencia un saldo de ocho muertos y haberse constituido en el principal generador de violencia de Colima”.
Luego de hablar de otros casos, el funcionario federal volvió a ocuparse de un hecho sucedido en Colima: “un líder… delictivo, Edwin Omar, alias ‘el Minimix’ o ‘el Mini’, quien presuntamente asesinó, entre otros, a Sergio Ortega Escobar, jefe de grupo de la policía investigadora de la fiscalía de aquella entidad… fue detenido y el juez [Carlos Gallegos] desacreditó todos los testimonios de testigo y finalmente salió en libertad este sujeto, que sigue delinquiendo y sigue siendo un objetivo prioritario”.
El mismo juez de Colima, Carlos Gallegos Arellano, “determinó la libertad de Jorge ‘N’, alias ‘el Mesta’, debido a que consideró que no estaba en condiciones para enfrentar una audiencia por una lesión en la mandíbula, cuando realmente estaba estable y podría haber comparecido”, subrayó Mejía Berdeja.
DEBERÍA DARLE PENA
¿Y quién creen que se la hizo de jamón al presidente de la república por criticar la probable corrupción de impartidores de justicia? Pues nada menos que el presidente del Supremo Tribunal de Justicia en Colima, Bernardo Salazar Santana. En un comunicado fechado el sábado 3 de septiembre, el magistrado presidente del STJEC señala:
“El día de ayer viernes 02 de septiembre de 2022, en el marco de la conferencia de prensa matutina que ofrece la presidencia de la República, conocida como ‘la mañanera’, el subsecretario de seguridad y protección ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, exhibió ante el Ejecutivo Federal y ante los medios de comunicación presentes, una serie de resoluciones judiciales de carácter penal, así como los nombres de las Juzgadoras y los Juzgadores federales y locales que las dictaron, emitiendo juicios de valor sobre tales determinaciones, señalando que las mismas ‘ponen en peligro la seguridad pública’, todo ello en el marco del debate sobre la posible eliminación de la figura de la prisión preventiva oficiosa en nuestro País. Ante ello, es importante realizar las siguientes declaraciones:
“Preocupa al poder judicial del estado de Colima, la emisión de críticas tendenciosas y tergiversadas sobre al actuar de las Judicaturas federales y locales, específicamente respecto a sus decisiones jurisdiccionales, e inquieta más que provengan de las altas esferas del poder ejecutivo federal, dado que por sí mismas evidentemente atentan contra la independencia judicial y, en consecuencia, lesionan el sistema de división de poderes, que es uno de los pilares sobre el que descansa el estado de derecho, mismo que, sociedad y gobierno, ineludiblemente estamos obligados a respetar.
“Preocupa también que en un foro con un alcance tan amplio, y fuera de todos los cauces institucionales y legales, se esgriman y ventilen cuestiones tan delicadas y trascendentales como lo son las resoluciones jurisdiccionales que ahí se exhibieron, mencionándose además los nombres de quienes las dictaron, colocando injustamente a dicho funcionariado judicial del Estado Mexicano en una posición vulnerable, dado que públicamente se emitieron juicios de valor sesgados y hasta calumniosos sobre su actuar, con todas las consecuencias legales y personales que ello implica.
“Y sobre los dos casos particulares que fueron del conocimiento del Juez de Control del poder judicial del estado de Colima, cuyo nombre cuestionablemente se ventiló en dicha conferencia de prensa, se precisa que tales resoluciones fueron, por supuesto, dictadas estrictamente conforme a derecho, esto es, de acuerdo a las reglas legales, constitucionales y convencionales aplicables al caso concreto; destacándose que una de las determinaciones judiciales de referencia no fue impugnada por la Fiscalía, y la otra sí, resultando confirmada en segunda instancia, subrayándose además que en ambos casos no se esgrimieron cuestiones relativas a la imposición de medidas cautelares tales como la prisión preventiva, puesto que no era el momento procesal para ello.
“Por ende, el poder judicial del estado de Colima expresa su enérgico rechazo contra cualquier intromisión ilegítima en su actuar institucional de impartir justicia, puesto que ello lesiona sensiblemente la independencia judicial y, además, provoca un deterioro en la colaboración institucional que debe existir entre los poderes del Estado, colaboración cuyo fin principal es el de sostener el estado de derecho y, así, alcanzar los fines que nos permitan la estabilidad social del País.
“Confiamos en que los medios legales de impugnación y de afincamiento de responsabilidades sean los que se utilicen para el combate de las determinaciones judiciales que se estimen desapegadas a derecho, no así el escarnio público, dado que esto último, se insiste, solo abona a la desinformación y al deterioro mismo de las instituciones oficiales, en detrimento del Estado mexicano”, concluye el comunicado de Bernardo Salazar.
FUNCIONARIO INDISCRETO
A reserva de que el resto de los magistrados confirmen estar de acuerdo con lo señalado por el presidente del Tribunal, a la opinión pública le resulta escandalosa la falta de autocrítica de Salazar Santana como juzgador. Incluso un periódico tan poco afecto al presidente López Obrador como es El Universal, no pudo menos que difundir a detalle los reclamos del gobierno de la 4T al Poder Judicial.
En la nota ‘Exhiben en la mañanera a jueces por sus resoluciones; AMLO dijo que no darían nombres para no “humillarlos”’, firmada por el reportero Eduardo Dina el mismo 2 de septiembre, únicamente cuestionan que el subsecretario no haya obedecido al presidente en eso de ser discreto.
El mandatario había prometido en la mañanera del miércoles 31 de agosto: “Vamos a poner ejemplos, vamos a buscar la forma de hacerlo, porque lo he estado pensando, porque son muchos casos, muy fuertes y no queremos dar a conocer los nombres de los jueces”, cita El Universal en el sumario la promesa de AMLO.
Y aunque subraya que la exhibida que les dio Mejía a los jueces por sus resoluciones, llamándolos por sus nombres, se da en medio del debate de la prisión preventiva oficiosa que se encuentra en la Suprema Corte, ‘el gran diario de México’ subraya que la exposición de los juzgadores se validó con el argumento de “que ponen en peligro la seguridad pública”.
NO VINCULAR A PROCESO…
En la nota, El Universal retomó hasta los gráficos que usó el funcionario, advirtiendo que los casos expuestos por Mejía Berdeja atentan contra la política de cero impunidad, al modificar sentencias, ordenar la inmediata libertad o no vincular a proceso a peligrosos delincuentes.
A Rafael Caro Quintero, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Estado de México le confirmó la suspensión de plano y provisional otorgada por un juez de amparo que evita que Caro sea deportado, expulsado o extraditado de forma inmediata. La FGR deberá agotar, ahora, todos los procedimientos previstos en la Ley de Extradición antes de entregar al presunto narco a las autoridades de justicia estadounidense.
A José Bernabé ‘N’, alias ‘La Vaca’, principal generador de violencia en Colima, capturado en la Ciudad de México el pasado 25 de agosto, en la causa penal 391/2929 Daniel Ramírez Peña, juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, determinó no vincularlo a proceso.
‘El Contador’, líder del Cártel del Golfo-Ciclones-Escorpiones, en noviembre de 2020 obtuvo su libertad tras la decisión de un juez de Control de la Primera Región en el Primer Distrito Judicial, con sede en Ciudad Victoria, de no vincularlo a proceso a pesar de ser un objetivo prioritario. El 26 de febrero pasado, se logró nuevamente la detención de ‘El Contador’ en la Ciudad de México.
El 16 de abril de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía (PANAUT) para combatir delitos como secuestro, extorsión (montadeudas), delincuencia organizada y trata, pero al día de su entrada en vigor, Juan Pablo Gómez Fierro, juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, “sistemáticamente comenzó a admitir Juicios de Amparo, otorgando suspensiones provisionales y definitivas a personas y despachos, con efectos suspensivos totales a la reforma misma”.
Las cuentas del empresario Kamel Nacif y del exgobernador de Puebla, Mario Marín, fueron descongeladas el 19 y 21 de septiembre de 2020 por órdenes de los jueces Primero y Octavo de Distrito de Juicios Federales en Puebla. Nacif y Marín se encontraban prófugos ante una orden de captura por tortura contra la periodista Lydia Cacho.
En Zacatecas, a ‘El Fantasma’, presunto secuestrador de Ciudad Juárez, la madrugada del 18 de febrero, el juez de control Sergio Rodarte Oliva le decretó la no vinculación a proceso, ordenando su inmediata libertad.
ES IMPUNIDAD
Mejía Berdeja también exhibió a la jueza federal Viviana Judith Juárez Vázquez, por diversos casos. Y, como ya vimos, al juez de Colima Carlos Gallegos Arellano por los casos de el ‘Minimix’ y el ‘Mesta’.
También señaló el Subsecretario a la jueza de Control del Juzgado del Sistema Penal Acusatorio y Oral en Guanajuato, Paulina Irais Medina Manzano, quien decretó la no vinculación a proceso de la madre de ‘El Marro’, líder del Cártel Santa Rosa de Lima, y cuatro personas más detenidas en un operativo. El 21 de mayo de 2021, un Juez Penal de Primera Instancia de Valle de Santiago determinó no vincular a proceso a ‘El Marro’ por el delito de tentativa de homicidio contra personal de la Agencia de Investigación Criminal.
En 2016, el juez local Juan Ignacio Ortega Morales dictó auto de libertad a Filiberto ‘N’, alias “El Monstruo o La Bestia de Tamuín”, presunto feminicida serial de San Luis Potosí. Se manifestó que “SE HABÍAN ENCONTRADO INCONSISTENCIAS, a pesar de que él mismo indicó el lugar en el que había enterrado los cuerpos de las víctimas”.
Y a los integrantes de ‘Los Lucio’, el 9 de febrero de 2021 el juez de control de Tlaxcala, Daniel Hernández George, “determinó NO VINCULAR A PROCESO a tres personas involucradas en el delito de secuestro en el municipio de Tepetitla y dos más involucrados en el delito de trata de personas en el municipio de San Pablo del Monte”. Por lo tanto, se permitió la libertad inmediata de José Eduardo ‘N’, Guillermina ‘N’ y Cristina ‘N’, pese a la acusación en delitos graves.
Finalmente, a finales de abril de 2021 un Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, determinó que no había elementos para vincular a proceso a Javier ‘N’ , exagente de la Policía Federal implicado en el desvío de 2 mil 519 millones 617 mil 114 pesos en cheques de la Policía Federal.
CIERRAN FILAS
Luego que en la mañanera del martes 30 de agosto, López Obrador acusó que la mayoría de los integrantes del Poder Judicial de la Federación no son honestos y no “resisten cañonazos, no resisten las tentaciones, o son representantes de grupos e intereses creados, no representan al pueblo, desprecian al pueblo”, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación le respondió: “Hacer inferencias respecto de una corrupción generalizada entre las y los juzgadores es un acto que atenta contra la independencia judicial”.
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