ESTACIÓN SUFRAGIO

La petición que el presidente municipal de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, hizo a Andrés Manuel López Obrador para que indulte a Mario Aburto y “ponga carpetazo a esto”, pone de manifiesto la ambivalencia de Movimiento Ciudadano como una tercera vía que, en su participación electoral, minará la cosecha de votos del bloque oficialista o del opositor según el contexto nacional o local de que se trate.

El emecista pidió que el caso del asesino confeso de su padre quede concluido, para que tanto él como toda la ciudadanía mexicana pueda sanar y continuar sin la carga que le significa el tema desde hace 30 años. El aspirante a senador apeló “a la compasión del presidente”.

Para el edil regiomontano, es necesario abrir un camino hacia la reconciliación y, por lo menos en ese tema, dejar que “otro tipo de justicia” actúe, debido a que su impartición en el país quedó a deber en su momento. Sin embargo, reiteró, es importante darle vuelta a la página.

En estricto derecho, el juicio y todo el expediente de Aburto estuvo tan manoseado que el sentenciado debería poder beneficiarse de alguna consideración humanitaria, como ocurrió en el caso de Florence Cassez.

Sin embargo, con su petición Colosio fortalece la postura de quienes temen que la reapertura del caso perjudique políticamente no sólo a los expresidentes Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, sino incluso a Felipe Calderón, tras la revelación de que su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, como funcionario del Cisen fue quien sacó de Tijuana al agente de esa policía política Jorge Antonio Sánchez Ortega, señalado ahora ya oficialmente por la Fiscalía General de la República (FGR) como el “segundo tirador” en Lomas Taurinas.

La FGR asegura que el juez quinto de distrito de procesos penales federales, Jesús Alberto Chávez Hernández, “actuó con evidente parcialidad y quebrantó los principios obligatorios de valoración y análisis de las pruebas, al no admitir la petición de aprehensión contra Sánchez Ortega”.

El munícipe tiene motivos para temer a los asesinos de su padre, aunque probablemente su actitud se explique por la convicción de que debe ser él, como candidato presidencial en 2030, quien capitalice electoralmente el magnicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta.

FGR “QUIERE ESCÁNDALO”

Este temor de la clase política prianista lo refleja Salvador García Soto en su columna de El Universal, el 30 de enero de 2024. Para el periodista, la FGR “quiere escándalo” pese a su historial de fracasos para acreditar ante los jueces la culpabilidad de muchos acusados.

Lo de involucrar a García Luna es “una maroma que provoca burlas y memes en las redes sociales”, sostiene. Y cita las palabras de Colosio Riojas: “cada tres a seis años sale que vamos a reabrir el caso, creo que antes deberían explicar qué es lo que quieren lograr, este asunto está ya muy manoseado y no es justo para la familia que estén reciclando el tema con tal de sacar una raja política”.

La clave para reabrir el expediente fue una recomendación de la CNDH por el delito de “tortura” en contra de Mario Aburto. Esto “dio pie a la FGR y a Gertz Manero para que revivieran las investigaciones y obtuvieran una posible liberación del asesino de Colosio prevista para el próximo mes de marzo, justo en el arranque de las campañas presidenciales”, apunta el columnista.

Es “una burda maniobra política y electorera” que desnuda al fiscal Gertz y a su equipo “como viles zopilotes del presidente”, reprocha. Pero García Soto acaba reconociendo que “la reapertura del caso Colosio 30 años después” funcionará políticamente porque, “en el imaginario colectivo”, el caso “nunca fue del todo resuelto y más bien fue manipulado para ocultar la verdad”.

Tanto “escándalo y morbo” que producen las “supuestas ‘nuevas investigaciones’”, le permitirían a la 4T “volver a juzgar a la clase política ya no sólo del PRI, que en su momento fueron investigados como sospechosos de haber participado en el asesinato de su propio candidato, sino también del PAN, utilizando ahora la figura de García Luna para acomodarlo en la escena y el contexto del crimen”.

JUSTICIA PARA COLOSIO

Hasta este descubrimiento de la FGR, el nombre del funcionario del Cisen que liberó a Sánchez Ortega que estaba registrado en el expediente era Edmundo Salas Garza, entonces director de Investigación del Cisen, quien declaró que el sospechoso se había manchado de sangre porque ayudó a subir a Colosio a la camioneta que lo trasladó al hospital.

Para obtener la orden de aprehensión, Gertz Manero tendría que haber demostrado que el operador de la extracción del agente fue García Luna. Pero sería irrelevante puesto que el imputado ya está detenido en Estados Unidos. Como dice Julio Astillero, la acusación debe trascender a García Luna y desembocar en el señalamiento oficial a Carlos Salinas.

Al margen del uso político del asunto, desmontar la verdad histórica del ‘asesino solitario’ es un reclamo ciudadano, una esperanza de justicia que se generó tras la incorporación al gobierno de AMLO como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Alfonso Durazo.

El hoy gobernador de Sonora fue secretario particular de Colosio en la presidencia del PRI, y luego secretario particular de Vicente Fox en la presidencia de la república. Pero no olvidemos que el guanajuatense incumplió la promesa de resolver el magnicidio.

La narrativa que vincula al movimiento de López Obrador con Colosio está plasmada en la continuidad de dos libros publicados por el periodista Federico Arreola. Habiendo convivido con Luis Donaldo como observador de la campaña de 1994, el hoy director del portal SDP escribió Así fue. La historia detrás de la bala que truncó el futuro de México (Nuevo Siglo-Aguilar, 2004) y, sobre el fraude electoral contra AMLO, 2006: La lucha de la gente contra el poder del dinero (Nuevo Siglo-Aguilar, 2006).

CRIMEN DE ESTADO

La participación de Sánchez Ortega en el magnicidio se ha sugerido en reportajes, libros, documentales, películas y series. De los hechos, se deduce que el asesinato de Colosio fue de manual: como Lee Harvey Oswald –el ‘asesino solitario’ del presidente Kennedy–, a Mario Aburto lo fabricaron.

Hubo varios pistoleros, muy parecidos entre sí; fueron por lo menos dos tiradores, pero un solo chivo expiatorio. Y en la conspiración para encubrir el crimen de Estado participaron quienes ordenaron la muerte, quienes la permitieron y los beneficiarios de la tragedia que se comprometieron a que nunca se supiera la verdad.

La FGR dice contar con un gran acervo de pruebas que implican al exagente del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional como segundo tirador. Lo novedoso es la evidencia que vincula al entonces subdirector operativo García Luna con el encubrimiento de Sánchez Ortega. Un buen número de testimoniales ratifican su detención cuando traía la ropa manchada con sangre de la víctima, y el rodizonato mostró que el acusado disparó un arma en ese lapso. Pese a todo, fue liberado.

Como dice Jesús González Schmal, abogado de Aburto, nadie sabe si Sánchez Ortega está vivo. La mitad de los testigos que comparecieron han fallecido, unos por muerte natural y otros “por causa desconocida y muy sospechosa”.

Los conspiradores no sólo dejaron ese cabo suelto, sino que el sospechoso siguió trabajando en el Cisen. De Baja California lo trasladaron a Sinaloa. En 2006 apareció en Coahuila, dando seguimiento a las acciones del obispo Raúl Vera para exigir justicia a los mineros de Pasta de Conchos. Pero cuando dos años después la presencia en la entidad de Sánchez Ortega –quien se hacía pasar como reportero y no precisamente del ‘Bucareli News’– quedó documentada en los medios, hasta el gobernador Humberto Moreira denunció el trabajo de espionaje que el agente realizaba.

Así lo narró Arturo Rodríguez en un reportaje en Proceso publicado el 30 de enero de 2024: ‘De Lomas Taurinas a Saltillo…’ Y en una conversación con Los Periodistas, el mismo reportero añadió que Sánchez Ortega todavía estuvo operando como agente del Cisen en Guerrero en el contexto de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

NO HABRÁ CARPETAZO

En la mañanera de este martes 30, el presidente López Obrador rechazó la petición de Colosio Riojas: “No puedo hacerlo”, el homicidio de Luis Donaldo no puede quedar impune. “Sé que él ya no quiere ni sus familiares saber nada de esto que fue terrible, pero se trata de un asunto de Estado”.

Y dejó en claro: “en lo que a mí corresponde, [que] no se deje de investigar”. Por lo menos durante su sexenio no se dará carpetazo a un “asunto así”, pues sería permitir que continúe la impunidad.

“No hay que dejarlo pasar, por lo menos que la gente tenga la información y que la autoridad competente resuelva. Ningún crimen debe quedar impune, pero cuando se trata de un caso así mucho menos. Porque estamos hablando de la estabilidad política, de la violencia que afecta a todo un país. Se trata de un dirigente, de un candidato. Ningún crimen se debe repetir, pero este es un asunto del Estado. No debemos decir: ‘Ya vamos a dar vuelta a la hoja”, aseveró.

AMLO precisó que no tiene ninguna intención de utilizar este caso con propósitos políticos, pero “sí es importante que no haya impunidad si se trata de un crimen que, de acuerdo con la Fiscalía, tiene alguna relación con una institución del Estado”.

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