ARZOBISPO Y VIRREY. –

En el capítulo anterior nos enteramos de que Allende se entrevistó con el Virrey en enero 1810, y de que ya para esas fechas “el espíritu público” (de los habitantes de la Nueva España) estaba más que dispuesto a “no consentir que el Reino fuera entregado a los franceses”, y que fue por esa predisposición popular (y de la realeza local) que, en septiembre de ese mismo año, a Hidalgo, a Aldama y a él mismo los “siguieron los pueblos con tanta facilidad”.

Pero las preguntas que quedaron pendientes de resolver fueron: ¿Quién o quiénes? ¿Cuándo y de qué medios se valieron para predisponer así al mencionado “espíritu público”?

Las únicas dos instituciones que tenían entonces la capacidad para soliviantar a tanta gente dispersa en un territorio tan enorme eran, sin duda, el Gobierno Virreinal y la Iglesia Católica. Y de éstos, la que más podía era la segunda, porque si bien el gobierno virreinal podía publicar todos los bandos que quisiera, y podía ejercer alguna coerción, estaba impedido para convencer “por la buena” sobre todo “a la chusma”; mientras que, la iglesia, valiéndose de sus diferentes clérigos, de sus curas, de los frailes y de las monjas incluso, era la única institución capaz de convencer y aleccionar, puesto que mantenía contacto directo y frecuente con la mayoría de los novohispanos. Por otra parte, no debe olvidársenos que el virrey que gobernaba entonces aquel inmenso territorio era también, desde casi seis años atrás, el arzobispo de México. De ahí que todo sirvió para que el gobierno civil y la iglesia, teniendo en 1809 y 1810 una misma cabeza, trabajaran de común acuerdo en la realización de determinadas tareas.

¿Pero quién era realmente el señor virrey? ¿Cómo fue que asumió tan encumbrados cargos? Y ¿de qué manera influyó en el tema que hoy nos ocupa?

Se llamaba Francisco Javier de Lizana y Beaumont. Nació en 1749 en la pequeña ciudad de Arnedo, al norte de España, en una región que se llama La Rioja. Recibió sus órdenes sacerdotales antes de cumplir los 23 años y, siendo una eminencia en sus estudios, se doctoró en Zaragoza en Derecho Civil y Derecho Canónigo antes de cumplir los 25. Dictó cátedra en la famosa Universidad de Alcalá de Henares y fue nombrado obispo de Teruel en 1801 y arzobispo de México en 1802, pero arribó a la capital de la Nueva España hasta 1803.

En su desempeño como arzobispo se hizo notar y, ya en México, en septiembre de 1808 se opuso a la determinación que tomaron el Ayuntamiento de la Ciudad y el virrey José de Iturrigaray, en el sentido de que se tenía que formar allí una Junta de Gobierno Autónoma, por considerar que no estando Fernando VII en el trono de España, no era su obligación obedecer a José Bonaparte ni mucho menos enviarle recursos.

El arzobispo Lizana estaba, sin embargo, en sintonía con la Regencia (órgano de gobierno integrado por puros españoles peninsulares) y completamente de acuerdo con la junta de gobierno y defensa que se integró en Aranjuez, y era de la opinión de que, estando preso Fernando VII, a dicha “Junta Suprema” se le debería considerar, así fuera interinamente, como la máxima autoridad tanto en España como en las islas y en los virreinatos. Junta Suprema a la que, por ende, se le debería seguir proveyendo con recursos económicos para que armara a la gente, combatiera a los invasores franceses y continuara desarrollando las obras de gobierno.