El anuncio realizado anoche sobre la insolvencia financiera que enfrenta el Gobierno del Estado es sólo una confirmación de las irregularidades administrativas que han sido señaladas constantemente por esta bancada y sus integrantes, en distintos momentos de la actual Legislatura.
Esta crisis administrativa —que se asemeja en gravedad a la condiciones que el mismo Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez denunció que recibió de la anterior administración— refleja al menos una pésima planeación, una gran falta de orden administrativo y genera sospechas fundadas de manejo discrecional de los recursos públicos y de posibles actos de corrupción.
Habría que aclarar que la falta de recursos para cubrir la nómina de las y los trabajadores no puede obedecer a la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 ni a la baja recaudación federal, como lo aseguró en su mensaje el titular del Poder Ejecutivo. Esta crisis tiene un solo responsable y es el titular del Gobierno del Estado, el Gobernador.
Tan sólo en el año 2020, el Gobierno del Estado de Colima contrajo deuda pública con bancos por el orden de los 1,950 millones de pesos; esto, de acuerdo al Registro Único de Deuda Pública de la Secretaría de Hacienda (actualizado a junio de 2021).
De esta cantidad, las obligaciones a Corto Plazo, suman 1,210 millones de pesos; mientras que las de largo plazo alcanzan los 740 millones de pesos.
Aunque el Gobierno del Estado sostiene que la mayoría de recursos extraordinarios solicitados a bancos en 2020 obedeció a las diversas acciones para enfrentar el COVID-19, el único crédito publicitado para ese objetivo, fue un empréstito de corto plazo otorgado por HSBC el 23 marzo de 2020 de 100 millones de pesos, con los que se asegura que se adquirió equipo médico de protección, un tomógrafo y respiradores.
En diciembre de 2020, el Gobierno del Estado recibió en sus cuentas los recursos correspondientes a varios créditos por un monto total de 1,250 millones de pesos, divididos de la siguiente manera:
- Créditos a largo plazo o simples: $740 millones de pesos. (500 MdP por HSBC y 240 MdP por BANSI S.A. de C.V.)
- Créditos a corto plazo: $510 millones de pesos. (200 MdP por Banco Azteca, 160 MdP Banco Afirme y 150 MdP Bansi S.A. de C.V.)
En su mensaje, el Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez anunció la inviabilidad financiera de su gobierno al no contar con liquidez suficiente para cubrir las quincenas de las y los trabajadores estatales en activo y pensionados, de organismos descentralizados e institutos y urgió la participación del Gobierno de México para liquidar estos compromisos.
El titular del Ejecutivo sostuvo que durante el año 2020 su gobierno recaudó menos recursos de los esperados; sin embargo, hubo un crecimiento en los ingresos estatales por el orden del 1.3 por ciento comparado con el año 2019, según un análisis del Centro de Estudio de las Finanzas Públicas (CEFP) del Congreso de la Unión.
Y si se revisan las Aportaciones y Participaciones Federales, el CEFP establece que Colima dejó de recibir aproximadamente 250 millones de pesos por estos conceptos en el año 2020. Esta contracción de 250 millones de pesos no es una cifra comparable con los $1,210 millones de pesos que requirió a corto plazo a distintos bancos. La diferencia revela el tamaño de las irregularidades y el desorden financiero del actual gobierno estatal.
Irregularidades y desorden que se agravan si consideramos también la falta de pago al Instituto de Pensiones del Estado de Colima por cientos de millones de pesos ya, o si observamos los pendientes para la conclusión del C5i o la compra de los terrenos de la Zona Militar. Hechos por los que esta bancada ha interpuesto denuncias penales y solicitado auditorías a las instancias correspondientes. Lastimosamente, estas auditorías no han avanzado debido al control que aún ejerce el Gobernador sobre las y los funcionarios que las dirigen.
La crisis que enfrenta hoy el Gobierno Estatal y que afecta a miles de colimenses es producto de la falta de responsabilidad y genera sospechas fundadas de actos de corrupción y malos manejos de los recursos que le pertenecen a las y los colimenses.
El mensaje pronunciado el día de ayer por el Gobernador no lleva otro propósito más que justificar su negligencia y buscar chantajear al Presidente de la República, tratando de hacer creer que en manos de nuestro presidente está el destino de cientos de trabajadores colimenses, evadiendo así su responsabilidad como mandatario estatal.
Sin embargo a lo largo de estos años el Presidente de México ha dejado muy en claro que no es una persona que ceda ante este tipo de chantajes y menos aun cuando estos son consecuencia de actos en los cuales se sospecha corrupción.
En ese contexto, esta bancada está en el proceso de integrar mayor información y evidencias para iniciar nuevos procedimientos jurídicos en contra de los responsables de este desfalco a las finanzas estatales.
No habrá cacería de brujas pero sí habrá justicia. En el pasado proceso electoral las y los colimenses votaron por un cambio, votaron porque se hicieran las cosas de manera distinta y ese cambio tiene que sentirse ya; los recursos de las y los colimenses son sagrados y no podemos tolerar malos manejos.
Por todo esto, desde esta bancada permaneceremos atentos a este tema y dejamos en claro que no aceptaremos la impunidad.
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