ESTACIÓN SUFRAGIO

La atención a la emergencia de Acapulco demostrará la ralea del gobierno de López Obrador. Las acciones de atención humanitaria y de recuperación de los servicios básicos, así como los trabajos de reconstrucción que se tengan que hacer en el destino turístico más importante del Pacífico mexicano, marcarán la agenda nacional en el último año de esta administración.

Habrá que atender también la zona rural alrededor del puerto que ha sido, por décadas, una región de alta conflictividad social, violencia criminal y represión política. Y no diferenciar los esfuerzos del gobierno federal en las áreas de mayor plusvalía, de los aplicados en los asentamientos irregulares. ¿Será posible refundar Acapulco y corregir los problemas urbanos que generaron décadas de corrupción, improvisación e indulgencia por parte de las autoridades?

Otis le está dando a la oposición PRI-PAN-PRD la bandera electoral que no consiguió enarbolar Xóchitl Gálvez. La proto candidata presidencial, de hecho, venía en una espiral de descenso a partir del estancamiento que sufrió su popularidad tras su aparición milagrosa en el escenario electoral. Ni con sus intervenciones en el Senado dentro del debate por la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, había logrado salir del bache. El desastre le brinda a Gálvez una nueva oportunidad de figurar (Tampoco Claudia Sheinbaum resistió la tentación de ganar votos mostrando su solidaridad con los guerrerenses).

El huracán categoría 5 vino a refrescar la corriente reaccionaria que ha fracasado sistemáticamente en el empeño de demostrar que “estábamos mejor” cuando, en realidad, “estábamos peor”. La devastación que dejó Otis en una urbanización irregular, desigual y absolutamente vulnerable como son todas las ciudades medias y grandes en nuestro país, ofrece tal cantidad de situaciones apremiantes, tragedias personales y relatos de horror que resulta fácil estructurar la narrativa de un gobierno pasmado, insensible, incapaz y corrupto.

NOMBRE DE ELEVADOR

En cuestión de horas, el de López Obrador debió demostrar que no es un gobierno pasmado, como el de Miguel de la Madrid al momento de responder a la emergencia tras los sismos de 1985. Y menos insensible como lo fue esa misma administración un año antes, ante las explosiones de San Juanico.

Tuvo que probar que no es incapaz, como el gobierno de Ernesto Zedillo lo fue a la hora de prevenir y remediar las inundaciones de Tabasco en 1999 que, según Roberto Madrazo, se generaron por el uso político de los desfogues de la presa Peñitas para castigar al gobierno de su interino, Víctor Barceló (Ahora Madrazo le reprocha a AMLO no haber invertido en la compra de “los 25 radares que hacían falta para renovar el sistema meteorológico”).

Y debió desmentir que sea un gobierno corrupto como lo fueron todos los ejecutivos locales que reportaban al fideicomiso exagerados daños por desastres naturales, buscando bajar del Fonden recursos presupuestales extraordinarios.

PEGAN PARA QUE LES PAGUEN

La rentabilidad política de la tragedia es enorme y el gobierno de AMLO tendrá que responder al uso faccioso de la emergencia, con acciones concretas y transparentes más que con discursos contra la desinformación.

En las redes sociales, la difusión de mensajes que suponen bulos o media verdades de lo ocurrido en Guerrero es mayormente orgánica. Por supuesto, hay granjas de bots generando tendencias, pero muchos de los usuarios que reenvían a sus contactos textos, imágenes, videos y memes, lo hacen porque éstos confirman sus creencias y prejuicios.

En la república de Twitter y en el microcosmos del WhatsApp hay gente dispuesta a dar por ciertas las versiones que culpan a AMLO de todo, pero renuente a considerar posibles alternativas. Sesgo cognitivo, le llaman. Lo que es improbable es que estos mensajes sean ocurrencias o muestras de ingenio aisladas. Son el trabajo profesional de propaganda negra de uno o varios gabinetes de comunicación.

Como denunció el presidente en la mañanera del lunes 30 de octubre, los propietarios de medios le están cobrando facturas que, a su juicio, el gobierno federal les quedó a deber en montos de publicidad oficial, prebendas personales y exenciones fiscales.

Estos medios corporativos no van a difundir gratis las actividades del gobierno. Su negocio es la publicidad, no el periodismo. Y asumen que si el gobierno quiere cobertura, ¡debe pagar por ello!

EL HUMVEE ATASCADO

En la lógica mercantil del periodismo, las malas noticias son siempre buenas noticias. Máxime cuando hay una audiencia con cierto poder adquisitivo dispuesta a consumir –o a financiar la propagación de– fake news que, lo mismo, abarcan noticias falsas que informaciones exageradas, hechos sacados de contexto o líneas de tiempo alteradas.

Por ejemplo, algunos medios omitieron decir que el presidente decidió irse por tierra a Acapulco cuando todavía no había condiciones para volar. O que el humvee se atascó y los mandos que acompañaban al comandante supremo decidieron empujarlo, calculando que con eso bastaba para sacar el vehículo del lodo sin tener que usar el winche.

Esta agenda mediática corporativa se corresponde con la agenda política de oposición. En la batalla semiótica (la guerra por el sentido común), los think tanks al servicio del Frente Amplio no habían encontrado hasta Otis una situación que hiciera creíble el mito del Estado fallido, el mejor argumento que tendrán para llamar al voto contra la continuidad de la 4T.

ESTÁBAMOS PEOR…

El primer tema coyuntural seleccionado por el war room fue el Fonden. Si en el Congreso de la Unión se había estado debatiendo la desaparición de los fideicomisos de la judicatura federal, la emergencia en Acapulco creó el pretexto para abogar por la pertinencia de esos instrumentos.

La campaña discursiva se resumió en la idea de que el gobierno no tiene capacidad financiera para atender el desastre… porque al arranque de este sexenio desapareció el Fonden. En el mismo Senado, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, aclaró que la partida presupuestal está intacta y se dispone de fondos, pólizas de seguros para gastos catastróficos y líneas crediticias para aplicarlas a la reconstrucción. Lo que desapareció fue el fideicomiso y su sistema de gestión financiera.

Y entonces vino la réplica en redes socio digitales, a la que muchos amigos y conocidos se sumaron, afirmando que con el viejo Fonden sí llegaban los recursos a los estados, mientras que con el actual Fondo para la Atención de Emergencias no.

CUANDO ESTÁBAMOS PEOR

Con el Fonden pasa lo mismo que con el Seguro Médico Popular, las estancias infantiles y todos los programas desaparecidos que alimentan el fraseo de: “Tal vez no vivíamos en el mejor país del mundo, pero por lo menos funcionaba…” En el papel funcionaban muy bien, pero en los hechos seguramente no. De lo contrario, López Obrador no hubiera encontrado en campaña un clamor para desaparecer el Fonden ni un reclamo por la falta de medicamentos o el abandono de hospitales y centros de salud, así como fuerte evidencia de una nómina de niños fantasma en las estancias infantiles.

El fideicomiso ha sido presentado como un candado para la discrecionalidad del gasto, un lazo para amarrar las manos del gobernante. Pero en realidad la Cuenta Única de Tesorería le regresó al Ejecutivo la facilidad de mover dinero de una partida a otra, para responder a situaciones inesperadas. Ya se verá en poco tiempo si este esquema resulta más eficaz y, contra la retórica de los apóstoles de los organismos autónomos, si logra garantizar que el recurso llegue a los afectados y no se vaya escurriendo en moches, comisiones y piquete de ojo.

Ante los señalamientos que hace la oposición en el sentido que no tener reglas de operación tan engorrosas en el nuevo Fonden facilita la opacidad, la 4T deberá explicitar cuán transparente es su manejo. AMLO prometió que Acapulco volverá a la normalidad en Navidad. Y la enorme expectativa generada por las tareas de rehabilitación de servicios básicos, reconstrucción, reparación o reemplazo de la infraestructura dañada, así como de restauración de los sistemas de producción, fungirá como una celosa contraloría social.

NO LA VIERON VENIR

En cuanto a la acusación de negligencia criminal para un gobierno que, sabiendo la fuerza con la que llegaría el fenómeno hidrometeorológico a las costas mexicanas, supuestamente no alertó a la población, sobran elementos de análisis para saber si se ejecutaron las acciones de prevención, mitigación, preparación y alerta.

Igualmente, para establecer si en la estrategia de Protección Civil el gobierno federal no hizo su parte. O si fue la administración estatal de Evelyn Salgado la que no pudo obligar a la ciudadanía, prestadores de servicios y empresarios del ramo turístico a prepararse.

Los juicios a la ligera contra quienes resultaron víctimas de su propia imprudencia, no pueden ignorar que se trató de un meteoro con características nunca antes vistas. De hecho, la comunidad científica considera este huracán como el primero de un nuevo tipo: errático, de rápida evolución, tremendamente devastador.

Curiosamente, abogar por la culpabilidad de quienes no quisieron abandonar zonas de riesgo (laderas, márgenes de ríos, playas, viviendas precarias), que dejaron abiertos sus negocios hasta el último momento o que decidieron quedarse en sus embarcaciones para “pelearle al mar”, es menos rentable mediática y políticamente que criminalizar a los pobres: TV Azteca habla de una clase popular miserable, incapaz de sentir respeto por la propiedad ajena.

En términos que recuerdan a la narrativa fascista en Brasil que justificaba los escuadrones de la muerte como medida de control a las hordas de jóvenes que bajaban de las favelas para saquear los supermercados, la televisora celebró la organización vecinal de autodefensas ya que, según su reportero, no hay ley ni orden en Acapulco. Lo decía, por cierto, en una nota donde poco antes apareció a cuadro la Guardia Nacional, y mientras a sus espaldas se veía fluir el tránsito por la zona dorada.

OMAR FLORES

Otro tema que la agenda mediática retomó de la agenda política de oposición es la descalificación a las fuerzas armadas. Si estos son el mismo Ejército y la misma Armada que desplegaron en sexenios anteriores los planes DN III y Marina, si lo único nuevo es la Guardia Nacional y su plan GN-A, ¿por qué antes funcionaba el Fonden y ahora no?

En situación de emergencia, nuestros soldados y marinos hacen lo mismo que cualquier tropa: rescatar personas, limpiar escombros, reestablecer servicios, evitar saqueos, concentrar la ayuda. Sin embargo, en términos castrenses el estado de emergencia es casi un estado de excepción. Estigmatizar la labor humanitaria de las fuerzas armadas por supuestos episodios de abuso y prepotencia, abona a la tesis de que este gobierno militarizó al país en su afán de contar con el poder bélico para afianzar “la dictadura”.

Cuando el ejército está en las calles, son inevitables las fricciones entre militares y ciudadanos. Investidos de autoridad, los soldados pueden ser poco tolerantes ante un civil que, empoderado, cree tener derecho a imponer su propio plan de acción. Pero un estado de emergencia no es un estado de guerra. Y, por eso, la denuncia de presuntos asaltos o despojos cometidos por elementos de las fuerzas armadas se tendrá que investigar, para castigar a los responsables con todo el rigor de la ley.

Ojalá no resulte luego que el ya famoso presidente de la asociación de condóminos de Pichelingue, Omar Flores, no acudió a ninguna instancia judicial a ratificar la declaración que se filtró a las redes porque, simplemente, es un actor que nos conmocionó con su radionovela.

Por último, cabe recuperar la narrativa que impulsó la derecha para acusar a la 4T de estar lucrando políticamente con la tragedia acapulqueña. Dicen que el gobierno no sólo monopoliza la ayuda sino que se apropian de las donaciones privadas y de gobiernos extranjeros, para canjearlas por votos.

Además de la molestia de Xóchitl Gálvez porque no le permiten ir a hacer proselitismo, el objetivo de esta ficción es alimentar la teoría del Estado fallido. Proclaman el renacimiento de la sociedad civil ante el abandono e inoperancia de las autoridades. Y pregonan su derecho a crear un Estado paralelo, con todo y su Fonden legítimo.

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