ESTACIÓN SUFRAGIO

Tal vez sea verdad lo que el libro clásico de la superación personal sostiene: Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus.

En un sondeo informal, casi todas las mujeres a las que pregunté coincidieron con la gobernadora Indira Vizcaíno en que “no hay edificio o monumento histórico que valga más que la integridad de las mujeres y el ejercicio pleno de nuestros derechos”.

Por el contrario, la mayoría de los hombres a los que consulté respondieron que la rabia generada por agravios de género como son los feminicidios no tiene por qué dirigirse en contra del patrimonio histórico o cultural.

Eso de que los edificios y monumentos se pueden restaurar pero lo que no se recupera es la vida, nos mete en una discusión ociosa. Ciertamente los objetos no se comparan con la existencia de nadie, pero muchas veces los daños sufridos por la arquitectura monumental y el arte urbano en actos vandálicos son irreversibles como la muerte.

La postura de la gobernadora, manifiesta ya desde el año pasado cuando echaron abajo el portón de Palacio de Gobierno, ha sido clara: “el objetivo de proteger al patrimonio público de ninguna manera puede estar por encima del cuidado a las mujeres asistentes”. Para Indira, la sororidad es una política pública.

Pero la visión del subsecretario operativo de Seguridad Pública era otra. José Manuel Zataraín Lizárraga ordenó a los elementos bajo su mando una desmedida reacción en contra de las manifestantes que intentaban prenderle fuego a la puerta de madera: tirar bombas de gas pimienta. El jefe policiaco pensó en hacer valer la ley, manteniendo el orden público.

REPRESIÓN PATRIARCAL

Confrontando las versiones en redes sociales que describían a una gobernadora capaz de prever el rumbo que iban a tomar los eventos durante la marcha del 8 de marzo, Vizcaíno Silva aclaró:

“Mi instrucción fue clara: proteger siempre a las personas manifestantes y asistentes a la marcha (…) La utilización de gas lacrimógeno o cualquier elemento disuasorio de la manifestación sólo podría ser justificable para cuidar la integridad física de las propias manifestantes o de cualquier persona en caso de que hubiera quienes la estuvieran poniendo en riesgo”.

Tras revisar “minuciosamente los videos y todos los elementos disponibles de lo sucedido ayer por la noche en el exterior de Palacio de Gobierno”, Indira no encontró “ninguna evidencia de que se justificara el uso del gas lacrimógeno”.

Y como “en mi gobierno sólo caben personas que compartan mis profundas convicciones y valores”, además de tener “también la capacidad y sensibilidad para acatar una orden precisa”, la titular del Ejecutivo decidió separar de su cargo de manera inmediata al funcionario por tomar “decisiones equivocadas”.

No fue sólo para controlar los daños, en el comunicado de la gobernadora se trasluce verdadera ira: “comparto su enojo, indignación y sorpresa, tienen toda la razón” los comentarios en redes sociales; “yo fui la primera sorprendida”, declaró Indira.

Y proclamó: “en mis convicciones en favor de las mujeres no hay medias tintas, se está o no se está, y aquí estamos con las mujeres. La lucha contra el patriarcado y sus métodos opresores no se puede detener y requiere de los esfuerzos de todas”.

PROFUNDA INDIGNACIÓN

¿Si la gobernadora estaba de su lado, contra quién protestaban las manifestantes entonces?

Probablemente contra instituciones autónomas como la Fiscalía General de Justicia en el Estado o la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como dependencias como la Secretaría de Seguridad Pública que no han podido imponer el esperado sello indirista a las labores de prevención y persecución de delitos relacionados con la violencia de género, donde el feminicidio es con frecuencia la culminación de una escalada de agresiones.

Indira es cabeza de un gobierno feminista, pero al que le ha tocado enfrentar desde los primeros días de esta administración una ola de homicidios dolosos como parte de una disputa por el territorio entre grupos criminales. Y en muchos de esos asesinatos, las víctimas son mujeres.

Suponiendo que estas ejecuciones se dan en el marco de una de las industrias más lucrativas de la delincuencia organizada, y como parte de una necrocultura donde la amenaza de muerte es una de las bases del negocio, se infiere que algunas de esas mujeres victimizadas se vieron involucradas en cualquiera de sus actividades: desde la producción, transporte y venta de estupefacientes, hasta el secuestro, tortura y desaparición de personas, pasando por el lavado de dinero y las diferentes formas de trata.

Incluso, el simple consumo pone a las personas en situación de riesgo. Este es uno de esos raros comercios donde el mercader elimina a sus clientes más fieles porque, lejos de afectar al negocio, dicha práctica encarece el producto.

Sin embargo, hacen falta investigaciones para establecer si, junto a este fenómeno ya estudiado de la violencia inherente al narcotráfico, no estamos presenciando una violencia vicaria pero a la inversa, donde los hombres en lugar de dañar a la mujer a través de sus seres queridos y especialmente de sus hijos, castigan a otros hombres por las razones que sean asesinando a sus hijas, esposas, hermanas o madres.

Dado que, por el número de habitantes en el estado, se disparan los índices de homicidios dolosos al grado de hacer de Colima uno de los territorios estadísticamente más peligrosos del mundo, en esa desproporción entre el número de asesinatos y la población estatal se da también una disparidad en los casos de feminicidio.

FEMINISTA INCOMPRENDIDO

Cada 8 de marzo –Día Internacional de la Mujer– en países como México donde el machismo es la expresión cultural más reconocible del patriarcado, las feministas marchan, realizan mítines y levantan ‘monumentas’ para conmemorar a las víctimas de feminicidio y otras formas de violencia de género.

Año con año, el debate se centra en el tono de la protesta: si la marcha fuera pacífica, sostienen las defensoras de pintar consignas en las paredes, romper vidrios y prender fuego a la madera de un portón, el régimen patriarcal no acusaría de recibido el mensaje. Hay que hacerse oír… y el sonido de la destrucción suele ser estridente. Mas si el gobierno lo encabeza una mujer, ¿hay que hacerse escuchar de todas maneras en ese mismo tono elevado?

El feminismo es uno de esos movimientos de la izquierda social que no han logrado reconciliarse con los gobiernos emanados de la izquierda partidista. Y menos cuando algunos de esos gobernantes progresistas no envían señales claras respecto a su compromiso con la causa de las mujeres.

A López Obrador, por ejemplo, no le valió mantener a las mexicanas en el centro de su política social, ni integrar un gabinete paritario y nombrar a Olga Sánchez Cordero y Luisa María Alcalde como dos de los tres titulares de la Secretaría de Gobernación a lo largo del sexenio; tampoco, proponer mujeres como ministras de la Suprema Corte o consejeras generales del INE, ni colocar a una especialista (Nadine Gasman) en la presidencia del Instituto Nacional de las Mujeres o alentar la nominación del mayor número de mujeres en la historia como candidatas de Morena o sus aliados a una gubernatura; por no hablar del impulso que dio para que tanto la abanderada de la continuidad de la 4T (Claudia Sheinbaum) como su principal opositora (Xóchitl Gálvez), sean mujeres.

Las feministas le han estado reclamando a López Obrador que no haya adoptado el discurso de género (que va desde manejar la terminología –decir ‘mujer trans’ y no “señor vestido de mujer”– hasta usar el lenguaje inclusivo) ni se haya pronunciado abiertamente en temas tan polémicos como el aborto.

Pero, al final, el mayor agravio del presidente a las organizaciones que nutren el movimiento por la igualdad parece haber sido poner vallas metálicas alrededor de Palacio Nacional, Bellas Artes y otros edificios públicos, tratando de evitar que las manifestantes dañen muros, ventanas y puertas, coartando lo que algunas defienden como su derecho al desquite.

EN CABEZA AJENA

Como jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum estableció en 2019 un protocolo de seguridad para que la marcha del 8 de marzo fuera cuidada por mujeres policías (Grupo Atenea). Pero el ejemplo no se ha extendido al resto del país, quizá porque no todos los estados cuentan con un agrupamiento femenil suficientemente numeroso y adiestrado para tareas de contención pacífica.

Colima no fue el único estado donde un gobierno de la 4T reprimió con fuerza excesiva a las manifestantes que cometían actos de vandalismo en perjuicio de inmuebles históricos.

En Puebla, la administración de Sergio Salomón Céspedes lanzó gas lacrimógeno y chorros de agua a las jóvenes que participaron en la movilización y derribaron las vallas que el alcalde panista de la capital instaló para proteger el palacio municipal.

En Zacatecas, el secretario general del gobierno petista de David Monreal, ordenó gasear a las mujeres y hacer algunas detenciones, entre ellas de una periodista.

Y en el Estado de México el gobierno de Delfina Gómez usó polvo de extintor contra las manifestantes que trataban de acercarse al palacio de gobierno, a quienes contuvieron con un muro de escudos policiales pero sin usar los toletes.

Donde gobierna la derecha, como Chihuahua donde la administración panista de Maru Campos roció polvo químico apagafuegos contra las mujeres que trataban de derribar las vallas metálicas que protegían Palacio, estos actos de autoridad se ven como normales. De hecho, la opinión pública reclama a esos gobiernos conservadores mano dura contra todo tipo de manifestantes.

Sin embargo, la percepción ciudadana es otra cuando la acción antimotines es realizada por la izquierda. En concreto de Morena, un partido que privilegia la atención a las causas al uso de la fuerza pública para contener la delincuencia, se espera que promueva el diálogo.

Esta conciliación, por lo demás, sólo se puede dar cuando hay intención de diálogo por parte de los grupos inconformes. Ya se vio cómo el movimiento de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos fue infiltrado con el objetivo de romper el vínculo de los padres con el gobierno de López Obrador. No hubo la menor intención de entablar conversaciones antes de que el bloque negro buscara ingresar por la fuerza a la mañanera.

En Colima, Puebla, Zacatecas o Toluca, entonces, ¿hubo acercamientos entre los gobiernos estatales y las colectivas feministas para que, por un lado, las activistas expusieran sus exigencias de cero impunidad a los casos de feminicidio, y, por otro, las autoridades mostraran avances en las carpetas de investigación o expedientes ya resueltos?

Si los hubo, no sirvieron estos acercamientos para lograr un acuerdo de manifestación pacífica, ni para aislar a los grupos radicales del resto de los contingentes que no querían una manifestación vandálica porque esas acciones desprestigian al movimiento.

UN GRITO ES UN VOTO

Siendo un año electoral, es inevitable preguntarnos acerca de los móviles políticos que impidieron que tan deseable encuentro se diera.

El uso de gas lacrimógeno generó un escándalo mediático y en las redes sociales por la desafortunada coincidencia de hechos. Cuando las activistas que intentaban quemar la puerta de Palacio fueron dispersadas con químicos, todavía seguían llegando al Jardín Libertad manifestantes pacíficos, incluidos madres y padres con niños pequeños.

Buscando capitalizar la indignación social ante la dura respuesta de la policía estatal, actores políticos y medios identificados con la oposición magnificaron los hechos (poniendo el énfasis en la cantidad de niños afectados por el gas) o inventaron otros (como la versión de que se dispararon balas de goma desde Palacio de Gobierno).

Esas falsas acusaciones se hicieron en todos los estados donde gobierna Morena. Y es presumible que el objetivo de esos grupos vandálicos fuera provocar una represión tan violenta como la propia movilización.

¿Cuántos votos perderán los candidatos de Morena por los acontecimientos del viernes 8 de marzo?, me cuestionaba alguien. Y mi respuesta sincera es que no muchos más de los que ya habrán perdido los abanderados del partido oficial, porque esos gobiernos no han conseguido aplanar la curva de homicidios violentos en su respectiva entidad federativa.

Tampoco es que vaya a haber grandes ganancias electorales para la oposición. Por cada votante que censura el uso de la fuerza pública contra los manifestantes, hay otro que critica a las activistas por empeñarse en dañar los espacios públicos.

Por lo que se ve, en Colima el único actor político que habrá sacado raja de la lacrimógena jornada es el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Roberto Ramírez, a quien han mencionado para un cargo de elección local por el PRIAN.

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