Primer acto: la titular de la SEP, Delfina Gómez, presentó en la conferencia presidencial matutina un decálogo de acciones para la reapertura escolar, incluyendo la firma de una carta compromiso de corresponsabilidad por parte de los padres de familia. Segundo acto: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, anunció, en una nueva conferencia, que tal carta no era necesaria, desentendiéndose de su existencia y tachando su contenido de burocrático. Tercer acto: en entrevista, la secretaria de Educación afirmó que la misiva había sido eliminada del protocolo para el regreso a clases presenciales. ¿Cómo se llamó la obra? Algunos insisten en nombrarla estrategia “ordenada, cauta y segura”, pero episodios como los descritos motivan a cuestionar más de alguno de estos adjetivos.  

El titular del Poder Ejecutivo afirmó desconocer el documento en cuestión, pese a que existe al menos desde mayo (is.gd/Lilm5u). Planteada como una sugerencia, la carta compromiso que aparece en la guía oficial para la reapertura de escuelas (SEP, 2021), que debía ser entregada el primer día de clases, contiene una serie de acciones que los padres de familia deberían realizar para el cuidado y el monitoreo de la salud de sus hijos. No se trataba de un requisito para el ingreso a los planteles, pues la guía es muy clara al señalar que “en ningún caso se dejará a las niñas, niños y adolescentes fuera de la escuela” (SEP, 2021, p. 25) y, al no presentar el documento, simplemente debía ser entregado al día siguiente (¿y así sucesivamente?). No se establecía pues ninguna consecuencia al no proporcionar la carta, por lo que se podría inferir que era un mecanismo para concientizar sobre las medidas básicas de cuidado de la salud y funcionar, en el mejor de los casos, como referente de una obligación moral.

¿Por qué el asunto de la carta fue tan polémico? Probablemente mucho tuvo que ver el silencio de la SEP y su crónico problema de comunicación. En un escenario de debate irreconciliablemente polarizado y de temores fundados ante el avance de la pandemia y los vacíos en la estrategia para reabrir las escuelas, la desinformación escaló a tal punto que la carta se distorsionó hasta ser erróneamente concebida como un mecanismo para deslindar responsabilidades por parte de los planteles escolares y el gobierno e incluso como un escudo protector ante las peores consecuencias. Las aclaraciones tardías por parte de la SEP ante algunas falsedades no fueron suficientes: la suerte de la carta ya estaba echada. Faltó pues que la autoridad educativa se posicionara con oportunidad, firmeza y claridad respecto a las intenciones del polémico documento.  

La aparición de una carta que exige compromisos por parte de las familias también resulta inquietante cuando no se asumen compromisos claros por parte de las autoridades. Si bien se señalaba la firma del documento como un acto de corresponsabilidad, lo ideal sería que todos deberían suscribir compromisos ante la reapertura de planteles: padres de familia, maestros, autoridades escolares y educativas y gobierno. ¿Por qué no las autoridades federales y locales extienden una misiva donde, por ejemplo, se comprometen a que el regreso a clases no le costará un solo peso a las familias? Tienen razón quienes señalan que la carta que firmarían los padres de familia no encuentra eco en otros actores de la vida educativa del país.   

La cancelación abrupta de la carta de corresponsabilidad hace dudar de la estrategia federal para el regreso a clases presenciales. Deja mal parada a la máxima autoridad educativa del país al tener que retractarse de algo que había anunciado públicamente. Elimina lo que para algunos era un mecanismo (debatible en su efectividad) para favorecer la concientización de las familias en torno al cuidado de la salud. Distrae la atención de asuntos todavía más importantes como el acondicionamiento de la infraestructura escolar. Más grave aún es que contribuye a la incertidumbre, de por sí ya preocupante, de un proceso a efectuarse “llueva, truene o relampaguee”.