Con la elección de la ministra Norma Lucía Piña Hernández como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), concluyó uno de los episodios más penosos en la historia del Poder Judicial. Camino a la votación del pleno este 2 de enero, quedó seriamente cuestionada la honorabilidad de los dos aspirantes que se creían con mayores posibilidades: Yasmín Esquivel y Alfredo Gutiérrez.

Ampliamente difundida la noticia del supuesto plagio de su tesis profesional, la ministra Esquivel sufrió una campaña de descrédito que culminó con la resolución del Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la UNAM, informando que el texto presentado en 1987 en ese campus por la entonces pasante tiene ‘un alto nivel de coincidencia’ con la tesis sustentada en 1986 en la Facultad de Derecho por Édgar Ulises Báez Gutiérrez.

Por vacaciones de Navidad, la Universidad Nacional no se dio tiempo de revisar la documentación que presentó Esquivel Mossa en su descargo. La ministra buscaba probar no sólo que ella es la autora original de la tesis sino que, además, fue víctima de plagio en esa obra. Será hasta que la UNAM reanude actividades cuando la FES Aragón convoque a una sesión para analizar la participación en este enredo de la directora de ambos trabajos recepcionales, Martha Rodríguez Ortiz.

Aun cuando el Comité de Integridad eventualmente modificara su fallo, el daño ya está hecho. Si bien es difícil que Esquivel pierda sus grados académicos, o incluso su asiento en la Corte como pidió al Senado la organización México Justo, está claro que la denuncia de plagio cumplió su cometido al sabotear la elección de Yasmín para favorecer a Gutiérrez Ortiz.

AMLO GANÓ PERDIENDO

Considerado por medios como Contralínea ‘el candidato de la derecha política mexicana’ a la presidencia de la SCJN, cabe suponer que si Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena se convirtió en el ministro “más rico de todos” es porque condonó 392 mil millones de pesos, a más de 9 mil grandes contribuyentes, cuando estuvo al frente del Servicio de Administración Tributaria. Datos del SAT revelan que, de 2008 a 2012, a 60 grandes contribuyentes se les perdonó el pago de créditos fiscales de entre mil millones y 7 mil millones de pesos.

Alfredo Gutiérrez es cercano al expresidente panista Felipe Calderón Hinojosa, quien lo postuló como ministro. Por eso cuando se perfiló rápidamente a fines de 2022 como el principal aspirante a presidir la Corte, López Obrador se refirió en más de una ocasión a él –sin decir su nombre– como el “candidato del conservadurismo” o el ministro “más rico”.

JUICIO SALOMÓNICO

Para los detractores de Andrés Manuel López Obrador, los seis votos a favor de Norma Piña (llamada ‘ministra independiente’ por el periódico Reforma) confirmaron la derrota política del presidente de la república. Esto suponiendo que era Yasmín Esquivel Mossa la candidata oficial a convertirse en la primera mujer en encabezar el máximo tribunal del país y al mismo tiempo, ex officio, el Consejo de la Judicatura Federal.

Previo a la elección, López Obrador negó que Esquivel fuera la candidata de su gobierno, aunque reconoció que el golpe mediático “también tiene que ver con nosotros”. Aclaró, “no tenemos candidatos porque a nosotros no nos toca elegir y porque nosotros somos respetuosos de la independencia del Poder Judicial”, pero enfatizó que si muchos “suponen que la licenciada Yasmín es nuestra candidata, [es] porque ha actuado con mucha rectitud y ha apoyado nuestras incursiones al Poder Judicial”. Señaló que “los del conservadurismo, sobre todos los transas”, tienen miedo, “mucho miedo” a que ella fuera la presidenta “porque es una mujer que está de acuerdo en la transformación del país”.

Considerando que sólo expresó objeciones a la posible elección de Gutiérrez Ortiz, la derrota política de AMLO es relativa. Al impedir que ese ministro se hiciera del control administrativo de la Corte, el Ejecutivo consiguió en todo caso un juicio salomónico.

El miércoles 4 de enero, López Obrador contradijo la narrativa que sostiene que el Ejecutivo trató de intervenir en los asuntos de la Corte pero fue derrotado, revelando los nombres de los ministros que votaron por Piña o por Gutiérrez.

Las ministras que el presidente propuso, Margarita Ríos Farjat y Loretta Ortiz –esta última muy cercana afectiva y políticamente a Andrés Manuel–, votaron por Gutiérrez Ortiz-Mena junto al ministro Luis María Aguilar Morales y al propio presidente saliente Arturo Zaldívar –a quien se supone que mangoneaba López Obrador.

En tanto, los seis votos que le permitieron ser electa a Norma Lucía Piña fueron de los ministros Yasmín Esquivel, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Javier Laynez Potisek, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán y la propia aspirante.

VOTARON LIBREMENTE

Para juristas como el colimense Ángel Durán, resultaba trascendental que la Corte fuera presidida por una mujer. Sin embargo, sólo dos ministras se postularon al cargo frente a tres ministros: Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena.

En la primera ronda de votación de esta suerte de cónclave que, contra la norma que obliga a abrir las sesiones, fue prácticamente privada debido a una falla en la transmisión del Canal Judicial, todos los candidatos recibieron dos votos, con excepción de Piña quien obtuvo tres.

Esquivel, Laynez y Pérez Dayán quedaron eliminados en la segunda vuelta, cuando Piña, con tres, y Gutiérrez Ortiz, con cuatro, no lograron el mínimo de seis.

En la tercera votación, Norma Piña sumó los seis pronunciamientos necesarios frente a las cinco menciones restantes que logró Alfredo Gutiérrez. Esto indica que los votos se fueron reacomodando en cada una de las rondas, y sugiere que el criterio aplicado por los ministros al votar se basaba no en una supuesta línea del Ejecutivo en contra de Gutiérrez o en los intereses políticos y económicos que presionaban a través de los medios de comunicación a favor del mismo Alfredo, sino con base en los conocimientos jurídicos y aptitudes administrativas de los finalistas.

MINISTRA INDEPENDIENTE

Con la elección de Piña Hernández, las causas progresistas (entre ellas la agenda en materia de género, los derechos de la diversidad sexual, la defensa del medio ambiente o la despenalización del consumo lúdico de la marihuana) ganan una aliada decisiva en la judicatura federal.

En 2019 propuso negar el amparo a quien fue despedido por un tatuaje con la cruz esvástica, pues la libertad de expresión no protege al individuo de faltar al respeto a sus compañeros. En 2021, votó contra un artículo del código penal en Coahuila que establecía hasta tres años de prisión a mujeres que interrumpieron voluntariamente su embarazo. El año pasado votó a favor del matrimonio igualitario en Veracruz, y del derecho a la identidad de género de las infancias y adolescencias trans. Y, en 2018, aceptó un amparo en contra del parque laguna del Carpintero, donde la refresquera FEMSA y el gobierno de Tamaulipas talaron magle sin permiso.

Su arribo a la presidencia de la Corte es buen augurio para un poder que encarna las posturas más conservadoras de la sociedad. Al rendir protesta, celebró “romper lo que parecía un inaccesible techo de cristal”: la presidencia del pleno para una ministra.

AHORA TOCÓ PERDER

Para López Obrador, en la mañanera del 3 de enero, el nombramiento “histórico” de Piña muestra la independencia del máximo tribunal. La ministra siempre ha votado en contra de las iniciativas de la Cuarta Transformación. Y eso prueba que, a diferencia del pasado, no existe subordinación del Poder Judicial respecto al Ejecutivo.

Piña votó en contra 15 proyectos del gobierno de López Obrador, entre ellos: conformar el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT); la continuación de la prisión preventiva oficiosa (argumentando que viola el principio constitucional de presunción de inocencia); la constitucionalidad de la reforma secundaria a la Ley de la Industria Eléctrica; la prohibición hasta por 10 años a exservidores públicos para trabajar en la iniciativa privada; el delito de ‘ultrajes a la autoridad’ que quiso revivir el gobierno morenista de Veracruz, o la ampliación de mandato como ministro presidente de Arturo Zaldívar.

Una vez Piña votó a favor de la 4T. En 2022, apoyó el proyecto que valida al jefe del Ejecutivo a usar las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Por ello recibió, junto con los otros ministros que votaron en el mismo sentido, duras críticas por avalar la militarización.

Los simpatizantes de Andrés Manuel tienen confianza en que, con los cuatro ministros que todavía le tocará proponer antes del fin de su sexenio, la 4T recuperará la voluntad general de la Corte para legitimar decretos presidenciales y votaciones en el Congreso por mayoría simple.

¿DE PARTE DE QUIÉN?

Quedarnos en el eje de la división de poderes, nos impide ver la elección de Norma Lucía Piña en su contexto político: la sucesión presidencial. ¿Las pugnas entre los diferentes proyectos al interior del partido en el gobierno, llevaron a descarrilar a Esquivel y a encumbrar a su compañera?

Diversas voces describieron la campaña contra Yasmín como ‘fuego amigo’. El analista Alfredo Jaliffe sugiere que es una derrota política para Claudia Scheimbum. Y, en cambio, el portal Sin Embargo subraya los nexos del esposo de la ministra, el ingeniero especialista en cálculo estructural José María Riobóo, con Marcelo Ebrard.

Riobóo participó en la obra de la Supervía Poniente que se construyó en la Ciudad de México para conectar Santa Fe con el Anillo Periférico durante la administración 2006-2012. Aunque también se encargó del Segundo Piso del Periférico en la gubernatura de AMLO (2000-2005).

Fue Ebrard quien propuso a la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a Yasmín Esquivel como magistrada de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. La presidencia de ese Tribunal y su reelección en el cargo ya con su nueva denominación de Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, fue la antesala para que la jurista llegara a la SCJN.

Lo cierto es que aquella persona que en el primer círculo del presidente le recomendó a López Obrador el perfil de Esquivel, no hizo su tarea. Pronto se vería que el punto débil de la ministra no era haber usado una matrícula consular para vacunarse junto a su esposo en Texas, sino plagiar su tesis de licenciatura.

UN NEGOCIO, LAS TESIS

Resuelta la elección en la Corte, no deberíamos olvidar el debate sobre las tesis profesionales. Aunque el veredicto de la FES Aragón avala la originalidad de la tesis de Báez, bien podría una revisión a fondo mostrar que todos los trabajos coordinados por Martha Rodríguez Ortiz son plagios de las propias investigaciones de la asesora.

El rector de la UNAM, Enrique Graue, se las cobró al presidente López Obrador dando por hecho el empeño de Palacio Nacional por sostener la candidatura de Esquivel. La verdad es que, para el Ejecutivo, la elección de Yasmín se volvió inviable cuando la ministra entró en contradicciones con respecto a la génesis de su tesis.

El dictamen del Comité de Integridad busca en realidad salvar del bochorno a la casa de estudios. La Universidad Nacional debe explicar el plagio de tesis, una práctica tan extendida como la expedición de títulos falsos o regalados.

Vender tesis fue una industria durante los años en que, la entrega por escrito de un trabajo recepcional, fue requisito para obtener el grado. Hoy las universidades admiten otras modalidades, como son la titulación por promedio, el examen general de conocimientos y la memoria de práctica profesional. Pero Yasmín Esquivel todavía tuvo que desarrollar un trabajo de investigación documental con un enfoque original, para conseguir fecha para su examen recepcional.

En las facultades de la UNAM y otras instituciones de educación superior eran secreto a voces los nombres de los catedráticos que hacían tesis por encargo. A los profesores por asignatura les pagan tan poco la hora de clase que, vender tesis, era una forma de completar los ingresos. La manufactura incluía no sólo la mecanografía del texto con suficientes variantes en la dedicatoria y la bibliografía como para que pasara por original, sino la asesoría de preparación para el examen profesional. El curso consistía, básicamente, en enterar a los alumnos del contenido de la tesis que iban a defender frente a los sinodales.

Los alumnos que compraban tesis vivían en un mundo analógico donde resultaba inimaginable que, cuatro décadas después, habría repositorios en internet con todas las tesis del país.

EXPERIENCIA PROBADA

Aunque se llegue a demostrar que Yasmín Esquivel no es autora de la tesis «Inoperancia del sindicato de los trabajadores de confianza del artículo 123 constitucional apartado «A»», ni la UNAM ni la Dirección General de Profesiones –como dijo el que fuera abogado general de la Universidad y, luego, titular de esa dependencia de la SEP, además de locutor y comentarista deportivo, Eduardo Andrade– tendrían motivos para retirarle el título de abogada o la cédula profesional porque el verdadero requisito para optar por el grado académico de licenciatura es aprobar el examen recepcional.

Por lo demás, Esquivel demostró su solvencia académica al cursar diplomados, diversas especialidades, una maestría y un doctorado en México refrendado en España. Además, ya probó su criterio al presentar proyectos de resolución, apoyar los de otros ponentes o razonar su voto, como magistrada del tribunal unitario y del Superior Agrario, en la instancia de Justicia Administrativa de la capital y en la sala especializada en materia administrativa y laboral de la Suprema Corte.

Ciertamente, si les quitaran el título a todos los abogados que recurrieron a un machote de tesis para presentar su examen profesional, se despoblarían los órganos jurisdiccionales de este país.