El Remate

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MOTIVOS DE SALUD

Abogados que escriben como Ángel Durán y Rumualdo García Mejía, ventilaron en medios digitales y redes sociales la incierta situación del presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Colima (STJEC). Bernardo Alfredo Salazar Santana falló en su intentona de renunciar al cargo por motivos de salud, y de imponer a la magistrada Leticia Chávez Ponce como sucesora para un periodo de dos años adicionales a los tres meses que le restan al periodo actual.

Más que de los problemas de salud (enfermo grave no ha de estar, apareció en las cuentas de Facebook de sus familiares vacacionando en la Ciudad de México), Bernardo busca escapar de los repetidos y sistemáticos reclamos que le han hecho en público asociaciones de abogados como las que encabezan Pablo Navarrete y Abraham Méndez.

La semana pasada se convocó a los integrantes del pleno del STJEC a una sesión ordinaria, en la que se habrían de tratar temas administrativos. No estaba enlistada en el orden del día la separación del cargo, pero Salazar Santana sorprendió a la judicatura al presentar en asuntos generales su renuncia.

Inicialmente, la renuncia irrevocable fue aceptada. Pero, más adelante, en la misma sesión los magistrados y magistradas que habían votado a favor cambiaron de parecer y optaron por la licencia, convencidos de que el primer procedimiento era incorrecto en términos legales, morales, éticos y políticos.

Bernardo Salazar presentó una solicitud de licencia por motivos de salud para ausentarse de la presidencia del Supremo Tribunal, con el mismo propósito que había presentado la renuncia: que su suplente no sólo cubriera los tres meses que le restaban, sino que el mandato de Chávez Ponce se extendiera dos años más.

Sin embargo, eso habría implicado una elección adelantada. La ley orgánica y la Constitución local ordenan que, la renovación de la directiva, debe darse en (los 15 primeros días de) noviembre del año en que vencen los dos del periodo para el cual fue electo y designado el presidente. En otras palabras, una elección que debe celebrarse en noviembre de 2022 no puede adelantarse por un simple acuerdo de mayoría.

DE TODOS MODOS…

Formalmente las sesiones del pleno son públicas y, gracias a la tecnología, es posible seguirlas de manera virtual. El gremio de abogados tiene sin embargo sus propios mecanismos para conocer, por medio de filtraciones y relatos de boca en boca, los pormenores de una puesta en escena que presentó como algo espontáneo lo que era parte de un libreto.

Luego que nominaron a Leticia Chávez como suplente, esta preguntó como por curiosidad cuánto tiempo se extendería la licencia del presidente y, por consecuencia, la suplencia. Fue el magistrado René Rodríguez Alcaraz, luego reforzado por su homólogo Sergio Marcelino Bravo, quien alegó que como tres meses no serían suficientes para desplegar un plan de trabajo, la propuesta era que el mandato de la nueva presidenta se prolongara dos años más después de concluido el actual periodo.

Tomados por sorpresa, no pocos de los integrantes del pleno estuvieron inicialmente de acuerdo en proceder con la elección de Leticia Chávez. Hasta que otros magistrados les hicieron ver la ilegalidad del procedimiento y la grave violación a la Constitución que eso suponía, logrando así el desistimiento del acto.

Todavía Salazar Santana alegó la conveniencia administrativa y la necesidad de garantizar la autonomía del Poder Judicial con la elección de Chávez Ponce, dando a entender que esa autonomía era ante posibles intromisiones de los poderes Ejecutivo y Legislativo en la elección del nuevo presidente de la judicatura.

Sin embargo, la mayoría de los magistrados y magistradas con experiencia y conocimiento de la estructura y funcionamiento del Poder Judicial, respetuosos de la formalidad y el plazo legal para la elección, sostuvieron con argumentos jurídicos que la propuesta de adelantarla era inconstitucional, por lo que al final fue desaprobada (técnicamente, aprobada en sentido contrario) y desechada.

BERNARDO TE LLAMAS

Como pasó con la figura de renuncia, la licencia ‘por conveniencia’ tampoco se aprobó. Bernardo Salazar había reducido la cuestión a un llamado a los magistrados para que le depositaran la confianza, y eso no ocurrió: fueron seis contra cuatro votos. Salazar Santana sigue siendo presidente del STJEC, mientras que Leticia Chávez asumirá la suplencia temporal a partir del 1 de agosto y hasta que concluya el periodo.

La suplencia es una figura de funcionalidad del Tribunal, que ha sido utilizada tradicionalmente por quienes han sido presidentes del Poder Judicial. En su momento, cada uno designó internamente a un miembro del pleno para cubrir ausencias y licencias con el fin de atender asuntos cotidianos, darle continuidad a la administración de justicia y representar al Poder Judicial en actos protocolarios.

El titular debe contar con un suplente que lo cubra en ausencias temporales y no se atrase el trabajo rutinario. Hasta antes de ciertas reformas a la ley orgánica, se designaba como suplente al decano, esto es, a la magistrada o magistrado con más tiempo en el tribunal. Se cambió esa regla para que el presidente o el pleno determinaran la suplencia.

A despecho de los rumores y comentarios en redes sociales sobre la supuesta renuncia de Bernardo Salazar, en el desayuno de la federación de colegios, barras y asociaciones de abogados el sábado 16 de julio en el antiguo Hotel Ceballos, con el que se dio fin a una semana de festejos por el día social de los profesionales del Derecho, el magistrado René Rodríguez tomó la palabra para transmitir un saludo del presidente del Supremo Tribunal, Bernardo Alfredo Salazar Santana.

No se refirió Rodríguez Alcaraz al titular del Poder Judicial como “presidente con licencia” ni mucho menos habló de Leticia Chávez como presidente suplente, interina o cualquier otra figura. Con ello, reconoció tácitamente que falló la intentona para que le fuera aceptada a Bernardo Salazar una renuncia a modo para separarse del cargo por motivos de salud, como fracasó también la maniobra para hacer elegir a la magistrada Chávez como nueva presidenta del STJEC.

ACTOS A FUTURO

La sustitución del presidente del Supremo Tribunal en los términos que la plantearon Bernardo Salazar, René Rodríguez y Sergio Marcelino Bravo, era ilegal.

De entrada, se debió convocar a una sesión extraordinaria para elegir una nueva presidencia, siempre y cuando se hubiera aprobado la separación definitiva del presidente actual. No lo hicieron de esa manera, presumiblemente, porque el objetivo era sorprender a los magistrados que no estaban en el acuerdo.

Más grave era la pretensión de extender el mandato de la nueva presidenta, ya que eso habría implicado determinar a futuro. Y la ley orgánica del Poder Judicial no contempla actos a futuro. Todo acto tiene su momento y su oportunidad. La elección será en los primeros 15 días de noviembre y no se puede adelantar porque, en estas circunstancias, sería tanto como pedir que el futuro relevo de Bernardo Salazar empiece a presidir el STJEC desde ahora.

Para entender el tema, imaginemos que a tres meses de concluir su periodo se ausentara de manera definitiva (por muerte o renuncia) el presidente de la República o el gobernador. No por haber ya mandatario electo, este podría adelantar su gobierno. Habría que nombrar a un sustituto para que concluyera el actual sexenio. Y sería hasta la fecha establecida para la toma de posesión, cuando se transmitiría el poder al presidente o gobernador electo (o al interino si, como ha ocurrido en Colima varias veces, murió el gobernador electo o fue anulada su elección).

De haberse aprobado lo que proponían Salazar, Rodríguez y Bravo, todos los integrantes del pleno, no sólo los que votaran a favor, habrían incurrido en responsabilidad por violación a la ley orgánica y el artículo 70 de la Constitución local.

Como sea, que no hayan procedido la renuncia ni la licencia no parece haber desanimado a la magistrada Leticia Chávez en su determinación a cumplir su papel como suplente de Bernardo Salazar. Pero los abogados que conocen de esas funciones se preguntan si la magistrada no incurre en responsabilidad o incluso en comisión de delito (usurpación de funciones), por realizar actos anticipados de presidencia.

Chávez Ponce se ha estado reuniendo con el personal y convocando a jueces, no obstante que la licencia entra en vigor hasta el 1 de agosto. Probablemente busca el apoyo de la base, pero olvida que el órgano que decidirá la elección es el pleno del Tribunal.

Nuestro correo electrónico: [email protected]

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