ESTACIÓN SUFRAGIO

Con el paquete de reformas a la Constitución que el presidente López Obrador presentó el 5 de febrero se confirma que la elección de 2024 será un referéndum. La gente votará no sólo por los candidatos, su proyecto de nación y plataforma política, sino por una agenda legislativa que pretende blindar al Estado de bienestar ante un eventual regreso de la derecha al poder ejecutivo.

Como no tiene mayoría calificada el bloque oficialista (Morena-PT-Verde), en la actual Legislatura no es viable la aprobación de muchas de esas iniciativas. O no lo es por ahora –como dijo Andrés Manuel en la mañanera del miércoles 7–, porque más adelante se pueden conseguir los votos necesarios.

Estamos hablando del Congreso que será electo en junio y que gobernará con AMLO todavía un mes: del 1 al 30 de septiembre. Pero el fin del sexenio no impide que el paquete permanezca en la agenda legislativa de una hipotética bancada mayoritaria. La fracción parlamentaria progresista tendría tres años para desahogarla, o seis si en los comicios de 2027 ratifican esa anhelada mayoría constitucional.

Es más, una conformación distinta a la presente en la Cámara de Diputados y en el Senado movería a legisladores de partidos como el PRI (que calificó el paquete como una “estrategia electoral” a pocos meses del día de las votaciones) o MC (cuyo candidato presidencial, Jorge Álvarez Máynez, llamó a las iniciativas “catálogo de promesas incumplidas”) a respaldar alguna o todas las propuestas, aun en contra de la línea de sus dirigencias.

VENTAJA ELECTORAL

Aciertan los voceros de la oposición cuando califican de estrategia electoral el paquete de reformas. De hecho, días antes de que se presentaran en San Lázaro las 20 iniciativas Jorge Zepeda Patterson escribió en su columna para Sin Embargo, ‘Las (in) explicables reformas de López Obrador’ (21 de enero de 2024), lo siguiente:

Todas esas iniciativas “requieren una mayoría ‘constitucional’ para ser aprobadas”, algo que los actuales legisladores de Morena y sus aliados “están muy lejos de conseguir”.

“La oposición posee los votos suficientes para rechazar sin despeinarse todas y cada una de las propuestas que exijan un cambio de la Constitución. Y seguramente lo hará, no sólo porque por razones de interés e ideología sería contraria a ellas, también porque en pleno periodo electoral no estaría dispuesta a otorgarle victoria alguna al partido en el poder.”

AMLO sabe que esas propuestas “están destinadas a ser rechazadas”, pero las presenta por sus ventajas electorales. Y no, como algunos sostienen, para “imponerle una agenda de trabajo a Claudia Sheinbaum”, apunta el columnista.

Casi todas esas propuestas “son populares entre la mayor parte de los votantes. Algunas [como la de eliminar esos organismos autónomos, “poderosos y elitistas”, que protegen negocios particulares en contra del bien común] encajan perfectamente con la enorme desconfianza que inspiran la burocracia y los funcionarios en los ciudadanos, aunque no se entre en detalles de lo que representaría la supresión de lo que hacen”, particularmente la que vela por la transparencia.

“Otras permiten suponer una ventaja inmediata para los sectores más desprotegidos (salario mínimo progresivo)”. Hay alguna más que parecería beneficiar a los pobres y “en realidad hace algo distinto”, pues la jubilación al 100 por ciento del salario no cubriría al 52 por ciento de la población que trabaja en el sector informal.

“En suma, abogar por todas estas reformas le ofrece al Presidente una importante munición durante las próximas semanas para argumentar la vocación de su Gobierno en favor de los pobres”. Y más importante aún es “el desgaste que supone para la oposición votar en contra de estas propuestas y, por ende, en contra, aparentemente, del interés de las mayorías. Una factura política que López Obrador espera [le] cobren los votantes a los candidatos de PAN, PRI y PRD”, resume Zepeda Patterson.

¿NUEVA CONSTITUCIÓN?

Sin ir en la boleta siquiera, el debate sobre las iniciativas de reforma le permitirá a López Obrador usar su capital político y autoridad moral para empujar la votación a favor de Morena. Eso lo sabe muy bien la oposición que, en cuanto el presidente empezó a hablar del Plan C, tramó una forma de invertir el efecto del paquete legislativo para que sea en contra de la continuidad de la 4T.

Atribuida a una organización social llamada Consejo Nacional del Pueblo Mexicano (CNPM), el jueves 25 de enero comenzó a circular en las redes sociales una supuesta propuesta de nueva Constitución para México que incluye un artículo que permite la expropiación de la vivienda, es decir, asignar concesiones de vivienda a todas las personas y tomar aquellos inmuebles habitacionales desocupados para entregarlos a otros ciudadanos.

Algunos de buena fe, muchos internautas repostearon la publicación concediéndole no sólo factibilidad legislativa sino adjudicándosela a Morena. En varias cuentas se hizo pasar el bulo como un adelanto del paquete que desglosaría López Obrador el 5 de febrero.

Para salir en defensa de la Constitución vigente, se generó una falsa discusión que ignora una verdad: la carta magna es susceptible de ser reformada, como lo ha sido innumerables veces.

Siendo el documento fundacional del Estado mexicano, el espíritu del constituyente de 1917 fue traicionado cuando el legislador introdujo en el texto una serie de contrarreformas neoliberales que modificaron la naturaleza del Estado propietario para dejarlo como un Estado mínimo.

TESTAMENTO DE AMLO

Hasta el propio Carlos Elizondo Mayer-Sierra reconoce en un artículo (‘La Constitución de la cuarta transformación’. Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Constitucional. Núm. 47, Julio-Diciembre 2022) que, “a pesar de todo su poder político”, López Obrador “no llevó a cabo” cuando tuvo mayoría calificada “reformas constitucionales que impactaran significativamente la naturaleza del régimen político”.

A diferencia de otros mandatarios disruptivos, AMLO no convocó a una nueva Constitución, subraya el politólogo. Y eso que pudo usar para ello la sobrerrepresentación que, en sus primeros tres años, tuvo en el Congreso federal. Una mayoría calificada ciertamente no obtenida en las urnas, sino construida mediante acuerdos con legisladores de otros partidos una vez pasadas las elecciones de 2018.

Para Elizondo, Andrés Manuel “no quiso invertir capital político en hacer esas reformas, sino en dejar un legado en temas que considera fundamentales, pero que muchos de ellos son más simbólicos que otra cosa”.

Por ejemplo, hizo modificaciones constitucionales que, según el académico, “violan la Constitución, como la reforma eléctrica. La más conspicua, el transitorio que extiende el mandato del presidente de la Corte y de los miembros de la judicatura por dos años”. Sin embargo, en el tema de la revocación de mandato enfrentó “la oposición en el Senado que le puso un freno en sus aspiraciones de aparecer en la boleta en la elección intermedia”.

En pocas palabras, AMLO no usó la presidencia para cambiar la naturaleza del Estado como se empeñan en afirmar los teóricos de una conspiración comunista. Pero, conocedor de los simbolismos, quiere revertir las contrarreformas neoliberales para devolverle a la Constitución su vocación nacionalista y social.

Valor simbólico tienen fundamentalmente las 20 propuestas presentadas el 5 de febrero. El presidente sabe que enfrentarán no sólo a la oposición en el Congreso de la Unión y en las legislaturas estatales, sino también la barrera de un Poder Judicial dispuesto a conceder amparos a todos los particulares que se digan agraviados por esos cambios, y el veto de una Suprema Corte de Justicia presta a declarar la inconstitucionalidad de las reformas que sobrevivan a la criba de diputados y senadores. Sin embargo, esa directriz hacia donde debe caminar el país es el testamento político de López Obrador.

FALLIDO GOLPE CONTRA AMLO

La nota era: ‘en 2006, la DEA investigó al candidato de oposición; no encontró nada y archivó el expediente’. Sin embargo, presentarla como una investigación que acredita los vínculos de Andrés Manuel López Obrador con los carteles de la droga es una infamia.

La falsa noticia pretendió sembrar una narrativa que sirviera como eje a la campaña de Xóchitl Gálvez, desprovista hasta ahora de un proyecto de país. Y no es casualidad que haya aparecido en tres medios internacionales, justo a tiempo para el viaje que la candidata presidencial del PRIAN realizó a Estados Unidos, donde fue a pedir la intervención de autoridades, empresarios y medios en las elecciones mexicanas.

Afirmar (sin aportar pruebas) que Mauricio Soto, como testigo protegido grabó a Nicolás Mollinedo –el coordinador de logística y chofer del entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal– reconociendo que recibió de Edgar Valdez Villarreal, alias la Barbie, el equivalente a dos millones de dólares, tiene un doble propósito: por un lado, golpear al régimen de la 4T, buscando probablemente alimentar una narrativa que justifique un golpe judicial en México; y, por otro, poner de rodillas a la candidata de la continuidad Claudia Sheinbaum.

En Brasil, el lawfare contra Dilma Roussef permitió no sólo destituir a la mandataria sino encarcelar a Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva, para impedir su regreso a la presidencia y facilitar el triunfo del ultraconservador Jair Bolsonaro. Sin embargo, eso ocurrió porque los cuadros del Partido de los Trabajadores no supieron combatir en los tribunales ni en el parlamento los señalamientos de corrupción que, en el caso de Lula, resultaron ser infundados (lo que le permitió ser electo para un tercer periodo).

En México, el asunto se cayó porque los mismos periodistas reconocieron que el expediente en el que se basaba su reportaje (una investigación de la DEA para dar seguimiento a las declaraciones de un testigo protegido con nombre clave ‘Jennifer’) fue cerrado en su momento por improcedente, sin que llegara a ser incluido en la agenda de la Administración de Control de Drogas y mucho menos judicializado.

Como el gobierno mexicano reclamó a la Casa Blanca y, en particular, al Departamento de Estado una definición sobre el tema, eso llevó a la administración Biden a reiterar –en una conversación telefónica con López Obrador programada inicialmente para hablar sobre migración– el “compromiso compartido de reforzar los esfuerzos conjuntos para contrarrestar a las organizaciones criminales transnacionales involucradas en el tráfico ilícito de drogas, armas y personas”.

EL TIRO POR LA CULATA

Desde 2011, el caso Nico está ministerial y políticamente concluido. No obstante, algunos medios lo han querido mantener vivo más allá de la caducidad informativa. Lo curioso es que hablar de los vínculos del narcotráfico con los proyectos de gobierno en México llevó a la opinión pública a recordar que, en 2006, quien llegó al poder ejecutivo fue Felipe Calderón, no López Obrador.

Contra la intención original, la polémica actualizó la certeza de que Calderón asumió la presidencia merced un fraude electoral que requirió de la complicidad de todas las mafias políticas, empresariales y delincuenciales. Querer incriminar a Andrés Manuel puso sobre la mesa el tema de Genaro García Luna y su papel como negociador del gobierno de Calderón con los carteles.

Al final, el escándalo se volvió contra el expresidente cuando los reporteros que cubrieron el juicio en Nueva York del exsecretario de Seguridad explicaron que, el expediente García Luna, sí fue llevado por los fiscales ante un tribunal que encontró culpable al exfuncionario calderonista.

Dado que el dilema electoral en 2024 es la continuidad o la interrupción del proyecto alternativo de nación, la estrategia de la oposición insistirá a lo largo de la campaña en demostrar que el gobierno de López Obrador no es mejor sino, en todo caso, exactamente igual de corrupto, autoritario e ineficaz que los anteriores, especialmente los del ciclo neoliberal.

Todavía veremos de aquí a junio otras operaciones de propaganda negra para restar autoridad moral a AMLO, y con ello minar la intención de voto a favor de Sheinbaum.

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